México acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, el marco que define cómo se certifica, verifica y regula la calidad de los productos y servicios que llegan al mercado nacional. La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubon, coordinó el proceso con 15 dependencias federales, cámaras de comercio, academia e industria. El resultado es una reforma regulatoria que toca desde alimentos hasta telecomunicaciones, y que busca posicionar a México como destino competitivo en el nuevo orden comercial global.
Qué dice el reglamento y por qué importa
El reglamento no inventa algo nuevo: le pone músculo operativo a la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC), que ya existía en papel. Lo que hace es establecer las bases concretas para que la normalización, la evaluación de la conformidad, la metrología y la vigilancia de mercado funcionen de forma coordinada entre todas las dependencias del gobierno federal. En términos simples: si un producto dice que cumple ciertos estándares, ahora hay un sistema más robusto para verificar que eso sea verdad.
Un elemento nuevo es la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad (PLATIICA), un sistema digital que centraliza la gestión de información entre las autoridades del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. La digitalización de estos procesos reduce fricciones burocráticas y, en teoría, acelera la certificación de productos tanto para exportación como para el mercado interno. Para las empresas mexicanas que buscan integrarse a cadenas globales de valor, las reglas del nuevo orden comercial con Estados Unidos, ese tipo de agilidad regulatoria no es menor.
El peso político detrás de la firma
La publicación lleva la firma política de Claudia Sheinbaum y la gestión directa de Marcelo Ebrard, quien preside de forma permanente la Comisión Nacional de la Infraestructura de la Calidad. El reglamento se alinea explícitamente con el Plan México, la estrategia de industrialización y sustitución de importaciones que el gobierno ha impulsado como respuesta al nuevo entorno de aranceles y reconfiguración de cadenas de suministro.
La lista de instituciones firmantes es larga: 15 secretarías de Estado, desde Gobernación hasta Turismo, pasando por Salud, Energía, Agricultura y Educación. Eso dice algo sobre el alcance real del reglamento — no es un asunto exclusivo de la Secretaría de Economía. Cada dependencia normalizadora tendrá que alinear sus propios estándares técnicos al nuevo marco, lo que implica un proceso de implementación que tomará meses.
- Marcelo Ebrard y la política económica de México
