CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una resolución en la que ordena a Morena poner fin a la difusión de propaganda anticipada de sus posibles aspirantes a la candidatura presidencial para las elecciones de 2024. Esto en el marco de la contienda interna del partido que, de acuerdo a encuestas, promete ser más cerrada que las presidenciales del 2024.
El INE frena la propaganda anticipada de las “corcholatas”
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La denuncia interpuesta mencionó que durante las giras —no oficiales— de las “corcholatas” de Morena en todo el país se han observado banderas, gorras, playeras, chalecos y mantas alusivas a los aspirantes que buscan relevar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Estos materiales incluyen expresiones como “Es Claudia”, “Con Marcelo Sí” y “Ahora es Adán”, que también han sido promovidas en bardas, espectaculares y redes sociales.
El INE ha considerado que estas acciones podrían constituir conductas antijurídicas que podrían afectar la integridad del próximo proceso electoral. Además, se sospecha que esto podría ser parte de una estrategia a nivel nacional de cada funcionario para posicionarse ante la ciudadanía. Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE destaca que estas acciones podrían afectar los principios de legalidad, imparcialidad, equidad y neutralidad que deben prevalecer en los procesos electorales.
Como resultado de la resolución, el instituto electoral ordenó a Morena exhortar a su militancia y simpatizantes a no realizar eventos de promoción de los aspirantes presidenciales, ni distribuir material de propaganda como lonas, mantas, calcomanías, espectaculares o bardas con frases relacionadas con los nombres de los aspirantes. Mismas imágenes que se han replicado durante meses en el caso de algunos precandidatos.
Esta resolución se suma a las medidas cautelares que el INE ya había emitido anteriormente contra Marcelo Ebrard, uno de los posibles aspirantes presidenciales de Morena. Ebrard tuvo que deslindarse públicamente de la propaganda que promovía su candidatura y emitió un mensaje exhortando a las personas y grupos que simpatizan con él a abstenerse de difundir su nombre, apellido o imagen a través de la colocación de lonas, bardas, espectaculares o publicaciones en redes sociales.
Marcelo Ebrard ha anunciado su intención de impugnar las medidas cautelares dictadas en su contra, aunque no se sabe si ha iniciado el proceso correspondiente. No obstante, hace tan sólo una semana el canciller realizó un llamado público vía redes sociales en relación a estas relaciones internas y a su intención de implementar una innovadora fórmula por la vía tecnológica para llevarlas a cabo.
El órgano regulador electoral busca así garantizar la imparcialidad y equidad en los procesos electorales, evitando la difusión anticipada de propaganda y promoviendo condiciones de igualdad entre los contendientes. Con estas acciones, se pretende salvaguardar la integridad del próximo proceso electoral y asegurar que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas basadas en las propuestas y plataformas de los candidatos, en lugar de ser influenciados por propaganda anticipada.
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Pese a que esta sigue siendo la regla y no la excepción en el ámbito político mexicano, el INE mantiene su postura. Y es que durante su mandato, AMLO, ya cuenta con diversos conflictos con instituciones públicas y órganos autónomos. Entre estos organismos encargados de la fiscalización, control y supervisión de diferentes aspectos del gobierno se encuentra el mismo INE.
En lo que ha representando uno de los mayores conflictos de la presidencia, AMLO ha expresado en diversas ocasiones su descontento con las decisiones y resoluciones del instituto, especialmente en temas relacionados con la organización de consultas ciudadanas y el financiamiento de los partidos políticos. El presidente ha cuestionado la imparcialidad del INE y ha planteado reformas para modificar su estructura y funcionamiento.
No obstante de la veracidad o no de estos hechos, según una encuesta realizada en noviembre del año pasado, un 93% de ciudadanos apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos; el 87% avala disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal; el 78% apoya que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía; el 74% acepta reducir los recursos que se le otorgan al INE.
