CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado medidas para proteger la privacidad de los ciudadanos en relación con el código fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En un proyecto liderado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se han invalidado ciertas disposiciones legales en materia fiscal.
La SCJN impide que el SAT pueda brindar información de los ciudadanos a terceros
Sigue leyendo: López Obrador señala a la SCJN de querer dar un golpe de Estado técnico
Las normas que han sido invalidadas fueron publicadas en el Código Fiscal de la Federación el 8 de diciembre de 2020. El foco de la discusión se centró en el tercer párrafo del artículo 17-F, el cual otorgaba al SAT la facultad de proporcionar servicios de verificación y autenticación de certificados de firmas electrónicas avanzadas a particulares que lo solicitaran. Además, dicha ley permitía al SAT brindar información relacionada con la verificación de identidad de los usuarios.
El conflicto principal surgió partir de que el Código Fiscal otorgaba al SAT total libertad para tomar decisiones respecto a información sensible y datos personales, sin la necesidad de contar con la autorización del titular de la firma electrónica a ser validada. En otras palabras, el SAT podía revelar información personal, incluyendo datos biométricos, a terceros, ya fueran autoridades o particulares, sin mediar el consentimiento de los titulares de dicha información.
De acuerdo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los datos biométricos se refieren a las características físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de personalidad atribuibles a una sola persona, como la huella dactilar o la retina. Mismos que fueron implementados obedeciendo justamente ante la necesidad de una mayor protección a los datos personales de la ciudadanía.
Ante esta situación, la SCJN concluyó que estos procedimientos se llevaban a cabo sin un fin legal legítimo, violando así los derechos humanos a la intimidad, privacidad y protección de datos personales. Durante el debate en el Pleno de la Corte, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, señaló que la norma vigente no establecía elementos suficientes para evitar la revelación indebida de los datos biométricos a terceros, sin el consentimiento del titular o una causa de interés público debidamente autorizada.
Los datos sensibles, como las huellas dactilares, la fotografía de frente y la fotografía del iris, que habían sido proporcionados a la autoridad fiscal a cambio de obtener una firma electrónica avanzada podrían haber quedado potencialmente expuestos a terceros con fines de lucro e uso indebido, de acuerdo a lo declarado por la titular del Máximo Tribunal.
En la votación, ocho ministros apoyaron el proyecto para invalidar el párrafo mencionado de la norma fiscal, incluyendo a Gutiérrez Ortiz Mena, Loretta Ortiz Ahlf, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Piña Hernández. Por otro lado, Luis María Aguilar Morales, Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá se opusieron a la iniciativa.
La protección de datos es un tema que preocupa a los mexicanos
Te recomendamos: Tasa de desempleo en México baja al 2.7% en el primer trimestre del 2023
Hasta el momento, la autoridad judicial no ha informado si se procederá a crear una nueva redacción del párrafo tercero del artículo 17-F para establecer límites claros en relación con el manejo de información sensible de la ciudadanía por parte del SAT.
De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se estima que alrededor del 60% de los mexicanos están preocupados por la protección de sus datos personales. Esto aunado a que un 20% de la población ha visto su seguridad digital vulnerada de alguna manera, genera una sensación generalizada de inseguridad respecto a este tema.
Estos hechos se manifiesta en un tenso contexto entra la SCJN y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien en días pasados acusó a la corte de un intento de “golpe de estado técnico” contra el Ejecutivo al otorgar suspensiones para de un puñado de decretos y leyes que “atentarían”contra los intereses de la Cuarta Transformación y “el pueblo mexicano”.
