Desde este 3 de noviembre, los celulares tienen prohibida la entrada activa a las aulas de México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone en marcha la restricción de dispositivos electrónicos en toda la educación básica —inicial, preescolar, primaria y secundaria— durante la jornada escolar completa, incluido el recreo. La medida se desprende del decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y llega con nombre propio: la Jornada Nacional “Apaga el celular”. Aplica tanto en escuelas públicas como particulares de todo el país.
Qué pueden y qué no pueden hacer los alumnos
La restricción no significa que los estudiantes no puedan traer su teléfono a la escuela. Pueden llevarlo, pero deben mantenerlo guardado durante toda la jornada, sin excepciones de horario. Ni en el descanso.
Hay cuatro casos donde sí se permite el uso: emergencias, necesidades de salud, discapacidad, o actividades educativas que el docente haya autorizado previamente. Fuera de esos supuestos, el aparato se queda en la mochila. La apuesta de la SEP es sustituir el tiempo de pantalla con conversación entre compañeros, juego, lectura y espacios para hablar de emociones. Las autoridades educativas de cada entidad y de la Ciudad de México tienen margen para hacer ajustes según su contexto, pero el decreto es claro: la corresponsabilidad de docentes, familias y autoridades es condición para que funcione. Qué es la Jornada Nacional Apaga el Celular de la SEP
En bachillerato, cada plantel define sus propias reglas. En universidades, se promueve el uso responsable sin una norma centralizada, respetando la autonomía académica de cada institución.
La voz que falta: quién cuestionó la medida
La organización Tejiendo Redes, defensora de derechos humanos de infancias y adolescencias, señaló que la decisión se tomó sin consultar a las poblaciones directamente afectadas. Es el punto ciego de la política: una medida masiva que involucra a millones de niñas, niños y jóvenes mexicanos, construida sin su voz.
El propio documento oficial de la SEP reconoce que la eficacia de la norma no depende solo de escribirla, sino de que todos los actores la entiendan y la hagan suya. Una advertencia que, dicho de otro modo, acepta que el decreto solo es el primer paso, y quizá el más fácil.
