Diputados del PAN pidieron formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) que active una alerta migratoria contra Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del INE, y los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señalados como proveedores del instituto en un esquema de posible corrupción. La exigencia llega después de que la UIF bloqueara las cuentas de 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas a contratos del INE, en una medida anunciada por la SHCP el 4 de noviembre. El argumento del PAN es simple y directo: sin la alerta, el riesgo de fuga es real.
El patrón que el PAN no quiere que se repita
El diputado Federico Döring fue claro en el video que el PAN difundió en redes: durante la administración de la Cuarta Transformación, varios acusados de delitos financieros han salido del país justo cuando los casos se hacen públicos. Döring nombró a Amílcar Olán, recientemente visto en Suiza, y al empresario Raúl Rocha Cantú, fotografiado en Mónaco pese a tener una orden de aprehensión por delincuencia organizada en México. También mencionó el caso de Hernán Bermúdez en Tabasco. Para el legislador, el patrón es el mismo: las autoridades se hacen de la vista gorda y los implicados desaparecen con el dinero.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Paulina Rubio (PAN), sumó otro argumento: desde su perspectiva, el caso INE-Taddei toca directamente el tema de la inversión extranjera, porque el dinero presuntamente sustraído terminaría en cuentas fuera de México. Ambos legisladores respaldaron la denuncia que el dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, ya interpuso ante la FGR, dirigida por Ernestina Godoy, a quien señalaron de no tener ya “excusas” para actuar. Qué es la UIF y cómo funciona el bloqueo de cuentas
Qué encontró la UIF y qué sigue para Taddei
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó operaciones con elementos de riesgo en las cuentas de personas y empresas ligadas a proveedores del INE. El resultado: 40 personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas —25 físicas, 15 morales—, entre ellas la propia Taddei y los hermanos Hernández Casillas. La UIF presentó una denuncia ante la FGR para que determine responsabilidades penales.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya detectó lo que describe como un modus operandi: certificaciones de timbrado revocadas, esquemas de subcontratación entre empresas del mismo grupo y compañías fantasma que facturaron cientos de millones de pesos con menos de cinco trabajadores registrados. La consejera presidenta interina del INE, Blanca Cruz, informó además que las diez consejerías del organismo acordaron presentar denuncias penales contra Taddei y funcionarios que hayan cometido delitos durante su gestión.
Por ahora, la alerta migratoria sigue siendo una exigencia política del PAN, no una medida activa. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró no tener información de que Taddei o los Hernández Casillas hayan salido del país, y subrayó que las investigaciones continúan. Taddei dejó la presidencia del INE el 25 de octubre. Lo que sigue depende de si la FGR actúa antes de que alguno de los señalados decida que París —como sugirió irónicamente el propio Döring— queda más cerca de lo que parece.