Pasadas casi dos décadas del inicio del conflicto minero, huelga de Cananea de por medio, así como del desastre natural en el Río Sonora en el 2014, es que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consiguió llegar a un acuerdo reparatorio.
De esta manera, Grupo México se comprometió a pagar mil 500 millones de pesos, el 70.14 por ciento de los 2 mil 222.6 millones que integran el Plan de Justicia para Cananea. La Federación completará con el 21.7 por ciento y el 8 por ciento restante lo aportará la administración pública del estado de Sonora.
A los mil 500 millones de pesos se le deben sumar 59 millones que el corporativo depositó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en los años 2018 y 2019.
Plan de Justicia para Cananea
En este contexto fue que autoridades federales y estatales dieron a conocer hoy las acciones para remediar de manera integral los daños ambientales y a la población causados por el derrame de desechos tóxicos del 6 de agosto de 2014 en la mina Buenavista del Cobre sobre el río Sonora y sus afluentes, con el objetivo de brindar justicia social, acceso a un entorno natural sano y atención médica.
En su intervención, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, detalló en el Palacio de Gobierno de Sonora que desde el año pasado se sostuvieron reuniones con representantes de las comunidades del estado afectadas para escuchar sus necesidades y recibir sus propuestas.
Así, subrayó que el 20 de mayo pasado las autoridades presentaron una serie de acciones con el objetivo de atender las demandas poblacionales, que se fijaron en tres rubros: salud, agua y remediación ambiental.
Enmarcados en el Plan de Justicia para Cananea, lo trabajos destinados a la salud contemplan la construcción y equipamiento del nuevo Hospital Regional de Ures, el cual contará con residencia médica, atención toxicológica y una Unidad de Vigilancia Epidemiológica para el seguimiento de la población potencialmente afectada por la contaminación, explicó el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.
Con ello, destacó que el recinto también ampliará sus servicios de consulta externa con 21 consultorios de especialidad e incluirá 60 camas para hospitalización, una área de cuidados intensivos y un laboratorio para el análisis de metales pesados.
Sobre el agua, el director general de la Comisión Nacional de Agua, Efraín Morales López, anunció la construcción de 16 plantas potabilizadoras, la instalación de 16 sistemas de desinfección y la adecuación de cuatro de las seis ya existentes, además de que se aplicará un monitoreo permanente sobre la calidad del vital líquido.
En materia de remediación, la secretaria Barcena aclaró que se aplicarán un conjunto de medidas a las que se someten los sitios para eliminar o reducir los contaminantes a un nivel seguro para la salud y el medio ambiente, por lo que se propuso la caracterización y el análisis de los suelos y sedimentos en polígonos contaminados.
Comentó que estas propuestas son el resultado de un proceso participativo, transparente y basado en evidencia técnica y social, “porque en el Gobierno de México es así como damos un paso decisivo para atender esta deuda histórica con las comunidades de la Cuenca del río Sonora. Hay que decirlo fuerte y claro: No puede haber justicia social, sin justicia ambiental”.
Durante el evento, la funcionaria federal, junto con la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborell, y el director de la Comisión Nacional del Agua, se reunieron con integrantes de las comunidades de Arizpe, Banámichi, Aconchi, Baviácora y Ures para abordar los próximos pasos de remediación en la región y aclarar dudas sobre el proyecto de remediación que se aplicará.
Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, resaltó la labor de las distintas áreas de gobierno por intervenir en la solución de este tipo de problemáticas en el estado, entre ellas las ambientales y las sociales.
A su vez, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que el Gobierno Federal fungirá como administrador de un fondo económico de mil 500 millones de pesos para dirigir los apoyos a la construcción del Hospital Regional de Ures, a las acciones del agua para consumo humano y que la Semarnat pueda desarrollar un plan de acciones de justicia ambiental.
“El Gobierno de México fue firme en la exigencia a Grupo México para el cumplimiento de una serie de condiciones para llegar a un buen acuerdo. Lo que se logró es de gran beneficio para la población”, destacó.
El Gobierno de México, a través del sector ambiental federal, reafirma su compromiso con la justicia ambiental, la reparación del daño y el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano.
Con información de Boletín