Una propuesta de ley para imponer un bloqueo digital en computadoras y otros dispositivos que impida a las personas acceder a sitios pornográficos, a menos que paguen una “multa”, fue presentada en el congreso local del estado de Carolina del Sur, en la costa este de los Estados Unidos.
El proyecto fue presentado este mes por el diputado local Bill Chumley, considerado uno de los más conservadores del país, de 69 años. El miembro del Partido Republicano pretende que las compañías instalen un “muro” digital contra el contenido obsceno que se puede encontrar en la red.
Las personas que adquieran un dispositivo electrónico, incluidos los teléfonos inteligentes y las tabletas, en la entidad costera, tendrán un acceso limitado a pornografía. La ley no especifica si los productos adquiridos a través de sitios web como Amazon deberán contener estas especificaciones en caso de ser adquiridas fuera de Carolina del Sur.
Los dispositivos que se hayan adquirido con anterioridad no tendrán ese problema.
Si la ley es aprobada, las personas tendrán dos formas de acceder a sitios pornográficos: pagando una suscripción –como se hace con Netflix– en alguna de las páginas legalmente establecidas y que hayan pagado sus impuestos.
El acceso al contenido gratuito será prohibido.
“Este tipo de páginas convierten en negocio la trata de personas” argumentó Chumley en la cámara de representantes del estado. “Debemos prohibirlas para que este tipo de contenidos obscenos no llegue a nuestros hijos”.
Pero los críticos de la ley han acusado a Chumley de que su ley propone, más que prohibir la pornografía que fomenta el tráfico de personas, que el gobierno también haga negocio.
Esto es debido a que la propuesta contempla que las empresas que venden dispositivos electrónicos puedan cobrar 20 dólares extra, siempre y cuando el usuario pueda verificar su mayoría de edad, para eliminar el filtro.
Esa “multa”, como la llamó Chumley, deberá ser recolectada no por el vendedor de la computadora o el móvil, sino por la Fiscalía General de Carolina del Sur. Esta rama del gobierno local conformará una fuerza para combatir el tráfico de personas.
La ley necesita pasar un filtro: tendrá que ser revisada y aprobada por una mayoría simple en el Comité Judicial (integrado por 25 personas) del estado. De pasarlo, será discutido y votado en la cámara local.
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