La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy reaccionó a las acusaciones que pesan sobre el gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Fue la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la que emitió una serie de acusaciones contra Rocha Moya y otros ocho funcionarios cercanos a Morena y la 4T, en las que se les señala por presuntos vínculos con el Crimen Organizado (CO), principalmente con el Cártel de Sinaloa.
En este contexto, la mandataria aseguró que no encubriría a ningún delincuente, pero exigió a las autoridades estadounidenses, autoras de las acusaciones, a presentar pruebas claras y verídicas, además de irrefutables, sobre los señalamientos contra un gobernante mexicano.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, contrastó la presidenta Sheinbaum.
Advirtió que su Gobierno no permitirá, por ningún motivo, la intromisión de una potencia extranjera en asuntos cuya resolución solo compete a las mexicanas y los mexicanos. Aunque no se tienen claras las motivaciones de Estados Unidos para realizar este movimiento, la presidenta cuestionó si acaso tendrán detrás orígenes políticos y de golpeteo.
El Gobierno de México se apegará al derecho, nacional e internacional, así que lo primero será realizar y culminar con las investigaciones necesarias para determinar si efectivamente las acusaciones contra Rocha Moya y otros personajes afines al movimiento de 4T, efectivamente tienen sustento.
Para empezar, Sheinbaum expuso el documento y las supuestas pruebas presentadas por la Fiscalía neoyorquina: una nomina escrita a mano. Tratándose esta de una prueba no contundente para emitir un juicio o sentencia al respecto.
“Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía. La Fiscalía General de la República (FGR), que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes conforme a la legislación mexicana; en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, sentenció Sheinbaum Pardo.
Sheinbaum además reiteró que su papel no es el de defender a ningún delincuente, sino más bien le corresponde defender las leyes, la Constitución y la soberanía de México.
Ante los cuestionamientos sobre que si el acusado o la acusada fuera alguna gobernadora o gobernador del PAN o de la oposición en general, ella fue muy contundente al decir que haría lo mismo, exigir pruebas fehacientes y actuaría en consecuencia.
Posición oficial
La presidenta leyó durante la conferencia Mañanera de hoy 30 de abril del 2026, el siguiente posicionamiento oficial de su Gobierno:
Al pueblo de México:
El 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos. El 29 de abril, la misma Secretaría, de acuerdo con el marco normativo vigente, turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República para la evaluación de dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.
El miércoles 29 de abril al mediodía, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentran: el gobernador en funciones de Sinaloa, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán.
Anexo a esta acusación, publicó un documento denominado en español “Acusación de Reemplazo Bajo Reserva”.
Esto llevó a un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los Tratados en la materia.
Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que establece lo siguiente: Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicadas en la materia, es obligación de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud.
De manera paralela, la Fiscalía General de la República señaló que iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenten con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.La propia Fiscalía General de la República estableció que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.
Desde que asumí la Presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes. Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional.
México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador.
México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo.
Como Presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.
Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito.
Sin embargo, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político.
Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.
Verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Esta es nuestra posición.
