«Seré implacable en el combate a la corrupción», ha sido la frase central de la campaña del exsecretario de Desarrollo Social, excanciller y ahora candidato a la presidencia por la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade. El problema con esa promesa es que, aunque el candidato priista ha sido un funcionario público impecable, el partido que representa no ha podido salir bien librado de estos tiempos de transparencia y acceso a la información.
Un ejemplo de ello lo ha dado a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quien encontró que en 2016, durante la dirigencia de Antonio Meade, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) siguió pagando a 17 mil 674 personas fallecidas lo correspondiente a tres diferentes programas sociales, esto resultó en una pérdida de 65 millones 891 mil pesos.
Dónde más irregularidades se detectaron fue en el programa Pensión para Adultos Mayores. (Foto: Dominio)
La investigación de la ASF detalla que Sedesol realizó «pagos injustificados» a 16,997 beneficiarios con “estatus de fallecidos” del Programa de Pensión para Adultos Mayores (PPAM). Sólo de ese programa se calculó una pérdida de 64 millones 152 mil pesos.
En esa misma situación se encontraron a 284 personas que estaban en el Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI) y que, a pesar de llevar tiempo fallecidas, estuvieron recibiendo 520 mil pesos. Otro caso es el de 393 beneficiarios fallecidos que estaban inscritos en el Programa de Empleo Temporal (PET) a quienes se les entregó un millón 218 mil pesos.
Según la propia ASF, estas pérdidas millonarias fueron encontradas después de que se solicitó al Registro Nacional de Población (Renapo), corroborar la localización de beneficiarios y el estado de defunción de los tres programas. A raíz de esta investigación también se encontraron inconsistencias preocupantes en la información de la base de datos proporcionada por la Sedesol pues en ella muchos beneficiarios carecía de Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes o no había datos básicos como edad o sexo, datos básicos que se solicitan cuando una persona requiere una ayuda.
Otro programa con irregularidades fue el de PET. (Foto: Sedesol)
Sedatu y SCT no explicaron el destino de 2 mil millones del Fondo para Desastres Naturales
En otra investigación la ASF detectó «deficiencias» por dos mil 198 millones 100 mil pesos en el uso de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), un instrumento regular y aplicar recursos públicos destinados a mitigar los efectos que produzca un huracán, inundación o sismo en México.
A través de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2016, la ASF pudo observar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no regresó al erario público mil 927 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no regresó 271 millones 100 mil pesos.
Ruiz Esparza ha sido cuestionado en diferentes ocasiones por su manejo en la SCT. (Foto: Proceso)
En el caso de la Sedatu, dirigida por Rosario Robles Berlanga, la ASF indica que «no reintegró» al Fonden los recursos por 961 millones 500 mil pesos, más los intereses generados por el saldo de un anticipo pendiente de amortizar. Tampoco regresó el cobro de la penalización no aplicada por 420 millones de pesos al contratista por el incumplimiento de la fecha de terminación de los trabajos pactadas en un contrato.
En el caso de la SCT, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, la ASF determinó que no se regresaron 271 millones 100 mil pesos al Fonden derivados de un ajuste de costos a favor de esta secretaría tras un contrato firmado el pasado 25 de marzo de 2015. Otra irregularidad detectada por la ASF es que la SCT no reportó a su Órgano Interno de Control los informes trimestrales sobre los avances físicos financieros por obra y acción del ejercicio 2016.
La Sedatu también fue señalada por no regresar dinero del erario público. (Foto: Proceso)
También detectan desvíos de 6 mil 879 mdp entre 2012 y 2016
Junto a las irregularidades detectadas en la Sedesol, SCT y Sedatu, la ASF dio a conocer que entre los años 2012 y 2016 se detectó un presunto desvío de recursos públicos calculado en seis mil 879 millones de pesos desaparecidos mediante la legal contratación entre dos dependencias gubernamentales, que se ha usado en algunas ocasiones con el propósito de evadir la Ley de Adquisiciones del Sector Público y así facilitar la entrega de recursos públicos a una tercera empresa privada que no es supervisada.
Respecto a los desvíos el encargado de despacho de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, explicó que la subcontratación de empresas privadas y asociaciones civiles por parte de una dependencia pública que debe prestar un servicio a otra dependencia, se ha consolidado como un mecanismo para el desvío de recursos públicos.
La ASF detectó millonarios desvíos bajo esquemas de prestación de servicios. (Foto: ASF)
La ASF explicó que este mecanismo ha permitido a secretarías de Estado, universidades públicas y gobiernos de los estados y municipios desviar en lapsos de meses cerca de seis mil 879 millones de pesos. Para el desvío de recursos se usan contratos que amparan supuestas consultorías, asesorías y otros servicios relacionados, pero que no se comprueban o no se llevan cabo.
Según la ASF, los programas sociales con los que más se ha llevado a cabo este esquema de presunta corrupción son los destinados al desarrollo social y agrario o territorial, en otras palabras, que los desvíos se dan en programas de combate a la pobreza, de apoyo al campo y de atención a núcleos poblacionales en zonas agrarias y urbanas.
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