CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue escenario de un corto debate entre legisladores de Morena y sus aliados respecto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quienes rechazaron considerar como urgente la convocatoria a un periodo extraordinario el próximo 8 de junio. Esto con el fin de llevar a cabo el nombramiento de los comisionados pendientes del organismo.
Los legisladores de Morena continúan con su negativa para “descongelar” al INAI
Sigue leyendo: López Obrador respalda el “Pacto de Paz” contra violencia en México
Con una votación de 20 en contra y 16 a favor, los legisladores oficialistas impidieron incluso que se iniciara la discusión sobre la solicitud presentada por la Junta de Coordinación Política del Senado, encabezada por el morenista Ricardo Monreal. Dicha solicitud planteaba dos ternas para ser votadas durante un periodo extraordinario.
Una de las ternas estaba conformada por Luis Felipe Nava Gomar, Luis Gustavo Parra Noriega y Marina Alicia San Martín Rebolloso, para cubrir la vacante dejada por Rosendoevgueni Monterrey Chepov. La segunda terna incluía a Julio César Bonilla Gutiérrez, María de Los Ángeles Guzmán García e Ileana Hidalgo Rioja, para ocupar el puesto vacante dejado por Francisco Javier Acuña Llamas.
Durante el debate, los diputados del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña y Reginaldo Sandoval Flores, aliados de Morena, acusaron al Poder Judicial de protagonizar una “intromisión majadera” en el Poder Legislativo al ordenar estos nombramientos.
Fernández Noroña afirmó que la ministra presidenta Norma Piña es facciosa y “está adoptando una actitud golpista contra el gobierno de la República, poniendo en riesgo la estabilidad del Estado mexicano y del Estado de derecho”, expresó de manera enérgica el diputado.
Por su parte, Julen Rementería del Puerto, coordinador de la bancada del PAN en el Senado, resaltó que el problema subyacente radica en que los morenistas rechazan transparentar las acciones del gobierno del presidente de México.
“¿Qué dijo aquí su coordinador legislativo Adán Augusto López? Que en el mundo ideal de López Obrador el INAI no debe existir. Porque gracias al INAI sabemos de la corrupción brutal que hay en Segalmex, gracias al INAI sabemos la cantidad que se están robando en Morena y en esas obras que no están resolviendo los problemas de los mexicanos”, aseveró Kenia López Rabadán, también integrante del PAN.
En medio de esta controversia, la jueza Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la ciudad de México, Celina Angélica Quintero Rico, emitió una orden al Senado para que celebre un periodo extraordinario en el cual, en un plazo máximo de tres días, se realice al menos uno de los nombramientos pendientes.
AMLO sigue al pie del renglón su plan inicial con los organismos autónomos
Te recomendamos: INE toma acciones contra propaganda de “corcholatas”
Este conflicto entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y los organismos autónomos ha generado tensiones en el Congreso, poniendo en evidencia la lucha por la transparencia y el equilibrio de poderes en México. La resolución de este conflicto y los próximos pasos a seguir siguen siendo temas de interés y atención tanto para la clase política como para la ciudadanía en general.
Y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, preparó desde el inicio de su mandato una reforma para eliminar y modificar algunas de las instituciones autónomas de transparencia y regulación gubernamental del país. Al respecto, ha argumentado que estas instituciones son costosas y han producido pocos resultados, por lo que su propuesta se centra en que sus tareas sean asumidas por secretarios de gobierno.
López Obrador ha señalado que estas instituciones fueron creadas como una cortina de humo para encubrir la corrupción y que “no son beneficiosas para el pueblo”. La postura ha recibido constantes críticas del sector privado y organizaciones civiles, quienes argumentan que estas instituciones son esenciales para mantener la democracia y proteger los derechos de los ciudadanos. El plan del presidente sigue así en pie, mientras las instituciones afectadas ya han representado costes a la población debido a su virtual inoperancia.