El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó una controvertida reforma legal que cambia de fondo la forma en que se juzga a menores de edad en el país y a partir de esta modificación, adolescentes desde los 12 años podrán ser juzgados como adultos si cometen delitos graves, incluyendo la posibilidad de recibir cadena perpetua.
La medida ya fue oficializada y forma parte de un paquete de cambios que endurecen el sistema penal salvadoreño, en el contexto de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno contra las pandillas y el crimen organizado.
De acuerdo con información oficial, la reforma aplica para delitos considerados de alto impacto como homicidio, feminicidio, violación y terrorismo; además, elimina disposiciones especiales que antes protegían a menores dentro del sistema de justicia juvenil, abriendo la puerta a sanciones mucho más severas.
La reforma de Nayib Bukele ha causado controversia internacional
Estos cambios propuestos por Nayib Bukele derivan de una modificación previa a la Constitución aprobada en marzo por el Congreso, dominado por el oficialismo, que permitió incorporar la cadena perpetua como castigo para ciertos delitos. Posteriormente, se ajustó la legislación secundaria para incluir a menores de edad dentro de este nuevo esquema penal.
Aunque la reforma contempla revisiones periódicas de las condenas, lo que podría abrir la posibilidad de beneficios o libertades bajo condiciones específicas, el endurecimiento de las penas ha generado preocupación en organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
Diversas organizaciones han señalado que esta medida podría vulnerar los derechos de la niñez, al considerar que rompe con principios básicos de reinserción y protección de menores. Aun así, el gobierno salvadoreño ha defendido la decisión, argumentando que el marco anterior permitía impunidad en casos graves cometidos por jóvenes.
La reforma se da en medio del régimen de excepción vigente desde 2022, bajo el cual se han realizado miles de detenciones en el país y mientras autoridades destacan una reducción en los niveles de violencia, las críticas por posibles abusos y el impacto en derechos fundamentales continúan creciendo.
Con esta decisión, El Salvador marca un precedente en la región sobre el tratamiento penal de menores, en un debate que sigue abierto entre seguridad y derechos humanos. ¿Tú qué opinas?
Con información de GBM / Foto de portada: tomada de internet
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