La Fiscalía de Delitos Económicos en Barcelona acusa a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda por más de 6 millones de euros en las declaraciones del IRPF (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicasy del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello una serie de sociedades con sede en paraísos fiscales.
Así lo sostiene el ministerio público en la querella que presentó hace 3 meses contra la artista colombiana, quien ya fue notificada, lo que ha dado pie a que un juzgado de Esplugues de Llobregat en la ciudad catalana abra una segunda causa contra ella, por dos delitos contra la Hacienda Pública.
¿Por qué acusan a Shakira?
Shakira será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una denuncia que la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó en 2018.
En esta ocasión, el ministerio público plantea en su querella que la artista colombiana pueda declarar como investigada por videoconferencia desde su domicilio en Miami, lugar al que se trasladó desde Barcelona tras su ruptura con el futbolista Gerard Piqué.
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En concreto, la acusación se basa en que la cantante defraudó a la Agencia Tributaria por 5.3 millones del IRPF, correspondientes a los ingresos que percibió por su gira de 2018 “El Dorado” y por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773 600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en inmuebles y activos financieros.
Para defraudar al fisco, según la Fiscalía, Shakira utilizó un entramado de sociedades y presentó “declaraciones inveraces” del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota a pagar a Hacienda.
¿Cómo habría evadido impuestos Shakira?
Según la denuncia, Shakira cobró parte de los ingresos que percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo con la que firmó varios “contratos simulados”, de forma que se benefició de una tributación “muy reducida”, que en el ejercicio de 2018 se situó en el 1.39 %.
Esa firma luxemburguesa, en opinión de la Fiscalía, “era meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales” que no llegó a desempeñar actividad alguna, más allá de una “intervención meramente formal y administrativa”.
Shakira también utilizó otra sociedad instrumental, constituida en España en 2017, para “contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes” a su gira “El Dorado” (que incluyó 53 conciertos en 22 países), pese a que la firma carecía igualmente de actividad real.
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La denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos menciona otras 17 sociedades “instrumentales” con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein que la investigada utilizó supuestamente para gestionar los ingresos procedentes de su carrera musical, así como el mantenimiento de su patrimonio inmobiliario y financiero.
Además, el ministerio público considera que Shakira se dedujo siete millones de más en los gastos de sus sociedades, en algunos casos porque fueron contabilizados por duplicado y en otros porque se trataba de pagos de carácter “eminentemente personal”.
Entre esos gastos personales que la Fiscalía considera no deducibles figuran viajes particulares en jet privado (150 483 euros), así como boletos de avión para sus dos hijos y su educadora.
Otro problema legal para Shakira
Shakira está pendiente de juicio por otra querella por fraude fiscal que el ministerio público presentó contra ella, precisamente en el año 2018, una causa que siguió adelante pese a que la artista devolvió 17.2 millones de euros a la Agencia Tributaria (la suma presuntamente defraudada más los intereses), una vez que supo que estaba siendo investigada.
En ese proceso, enfocado en los ejercicios fiscales entre 2012 y 2014, la Fiscalía pide una pena de ocho años y dos meses de cárcel y multa de 23.8 millones para la cantante colombiana, quien en julio del año pasado rechazó llegar a un acuerdo con las autoridades y decidió jugársela en el juicio. No obstante, aún tiene tiempo para pactar con Hacienda hasta antes de sentarse en el banquillo.
La Fiscalía le ha confirmado la notificación a la cantante, aunque, el equipo de comunicación de Shakira señaló a la agencia EFE que no ha recibido “notificación alguna en Miami, domicilio oficial de la cantante, sobre la querella”, y ha resaltado que su equipo legal está “centrado en la preparación del juicio” que empezará el próximo 20 de noviembre.
Con información de EFE / Foto de portada: EFE
