Argentina acaba de incluir al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana en su registro oficial de entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento. La decisión, ordenada por la Oficina del Presidente Javier Milei, convierte a Argentina en el segundo gobierno del continente en dar ese paso formal tras Estados Unidos, que hizo lo mismo en 2025 bajo la administración de Donald Trump. Junto con los dos grupos mexicanos, la medida también alcanza a las FARC-EP, el ELN y Los Tiguerones, de Ecuador.
Por qué Argentina apuntó al Cártel de Sinaloa
El gobierno argentino describió al Cártel de Sinaloa como una organización criminal transnacional cuyas actividades van más allá del narcotráfico: también le atribuyó contrabando y secuestros. La designación, según la administración de Milei, responde a lo que llamó su compromiso de combatir el narcoterrorismo, y se apoya en el precedente de Estados Unidos, que ya le había dado ese estatus en 2025.
En el mismo decreto quedó incluida La Nueva Familia Michoacana, a la que Argentina acusa de tráfico internacional de drogas y minería ilegal. Las autoridades porteñas también señalaron la expansión regional del grupo como uno de los factores que justificaron la medida. Dicho de otra forma: el argumento no es solo lo que hacen en México, sino que la penetración de los cárteles en Sudamérica ya es un problema que toca a Argentina de cerca.
El patrón Trump-Milei y lo que implica para la región
La comparación con Donald Trump no es casual ni solo retórica. Ambos líderes comparten la narrativa de que los cárteles latinoamericanos son una amenaza de seguridad que merece tratamiento de terrorismo, no solo de crimen organizado. Trump lo implementó a inicios de 2025; Milei lo replica ahora con una lista que además suma a las guerrillas colombianas FARC-EP y ELN, y al grupo ecuatoriano Los Tiguerones.
La designación formal como organización terrorista tiene consecuencias legales y financieras concretas: permite bloquear activos, perseguir redes de financiamiento y aplicar sanciones a quienes colaboren con esos grupos desde suelo argentino. Lo que queda por ver es si la medida tiene músculo operativo real o si, por ahora, funciona más como señal política hacia Washington.
