Costa Rica declaró organizaciones terroristas a seis cárteles mexicanos: el CJNG, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. La decisión convierte al país centroamericano en el segundo gobierno fuera de México en aplicar esa etiqueta a los grupos del narcotráfico mexicano, siguiendo el camino que abrió Donald Trump en febrero de 2025 cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos formalizó la misma designación.
Quiénes quedan en la lista y qué significa la designación
Los seis grupos incluidos en la declaración costarricense son los mismos que Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, incorporó a la lista terrorista estadounidense: CJNG, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. No es una coincidencia — la decisión de Costa Rica se enmarca explícitamente en reforzar el combate al crimen organizado y en alinearse con los estándares de designación que Washington ya aplicó.
La etiqueta de ‘organización terrorista’ no es solo simbólica. En el caso estadounidense, la designación habilita sanciones financieras, restricciones de viaje, persecución de activos y, en teoría, justifica intervenciones militares fuera del territorio propio. Para Costa Rica, un país sin ejército, el peso práctico es distinto: endurece el marco legal interno para procesar a integrantes de estos grupos y facilita la cooperación internacional en extradiciones y congelamiento de cuentas. Cómo Trump declaró terroristas a los cárteles mexicanos
El precedente Trump y la posición incómoda de México
Cuando Trump firmó la orden ejecutiva el primer día de su segundo mandato, el gobierno de Claudia Sheinbaum respondió con cautela: rechazó la intervención militar extranjera en territorio mexicano pero evitó confrontar directamente la designación terrorista. Ahora, con Costa Rica sumándose, la presión internacional se acumula.
El problema para México es de fondo: si más gobiernos adoptan la misma clasificación, los cárteles mexicanos quedan en el mismo plano legal que el Estado Islámico o Al-Qaeda ante los sistemas judiciales de esos países. Eso complica rutas de financiamiento, lavado de dinero y operaciones logísticas que los grupos tienen en Centroamérica — una región donde el CJNG y el Cártel de Sinaloa llevan años expandiendo su presencia. La pregunta que ningún funcionario mexicano quiere responder en voz alta es cuánto tiempo más puede sostenerse la postura oficial de no usar el término ‘terrorismo’ para grupos que el resto del continente ya llama así.
