En México, acceder a una vivienda digna parece un sueño lejano para millones. Entre trámites, créditos imposibles y precios que se disparan en zonas urbanas, muchas personas optan —por desesperación o necesidad— por ocupar casas abandonadas. Y ahora, el gobierno quiere ofrecerles una salida: comprar esas viviendas de manera legal, accesible y en pagos.
Durante la conferencia matutina de este lunes, el director del Infonavit, Octavio Romero, anunció que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se pondrá en marcha un esquema de renta con opción a compra para quienes hoy habitan casas de manera irregular.
La medida busca evitar desalojos y, en cambio, permitir que los ocupantes adquieran las viviendas a precios “muy económicos”, incluso si no son derechohabientes.
“Lo que queremos es que esas personas sean dueñas de la vivienda. La pueden ocupar, sí, pero si no se regularizan nunca va a ser de ellos”, explicó Romero.
La noticia ha causado controversia. Para algunos, se trata de premiar la invasión y alentar la informalidad. Para otros, es una forma realista (aunque polémica) de enfrentar una problemática mucho más profunda: en México, hay más de 800 mil viviendas abandonadas o en conflicto legal, según cifras del propio Infonavit. De esas, 145 mil ya están habitadas de forma irregular.
En lugar de seguir un modelo basado en desalojos y reventa, como ocurría en sexenios anteriores cuando casas “recuperadas” eran remodeladas mínimamente y vendidas “carísimas” al mejor postor, esta administración busca ofrecer estabilidad a quienes ya viven ahí. La propuesta es clara: renta mensual que cuente como abono, y en cuatro o cinco años, la casa puede ser suya.
¿Y los verdaderos dueños?
Romero también explicó que se revisarán los casos de personas que aún conservan el crédito original pero dejaron de pagar o perdieron contacto con el Infonavit.
En esos casos, se buscará reestructurar los créditos o reponer la vivienda. Sin embargo, el alcance y viabilidad de este compromiso aún no está claro.
Además, la Sedatu advirtió que los fraudes relacionados con supuestas listas para acceder a estas viviendas van en aumento. “Nos encontramos con personas que dicen haber pagado para estar en una lista, cuando en realidad no existen tales listas”, declaró Edna Vega, titular de la dependencia.
¿Por qué escandaliza más regularizar invasiones que la imposibilidad de pagar una casa?
La medida puede parecer radical, pero también plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas personas en este país tienen que invadir una casa para tener dónde vivir?
Año con año, el derecho a la vivienda se convierte en un campo de batalla entre la legalidad, la desigualdad y la realidad. Mientras tanto, en las periferias de las ciudades, familias completas habitan casas sin servicios, sin escrituras, sin certezas.
Hoy, el gobierno opta por no mirar a otro lado. La regularización de viviendas ocupadas puede sonar provocadora, pero también puede ser un primer paso —insuficiente, sí— hacia una política habitacional más humana. Porque si el sistema solo funciona para quienes ya tienen algo, ¿qué opciones quedan para quienes no tienen nada?
