La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este 31 de agosto que la reforma educativa de Chihuahua que buscaba obligar el uso del español ‘correcto’ en escuelas es constitucional, pero no puede leerse como una prohibición del lenguaje inclusivo. El fallo vacía de filo político una ley que, desde octubre de 2025, había sido presentada como el primer veto de este tipo en el país. La SCJN fue clara: la enseñanza del lenguaje inclusivo y no sexista sigue vigente en los planteles, y excluirla sería inconstitucional.
Qué dijo exactamente la Suprema Corte
El Pleno resolvió las acciones de inconstitucionalidad 127/2025 y 133/2025 con un criterio de doble filo: la norma supera el análisis constitucional, pero su interpretación queda acotada. Las autoridades educativas de Chihuahua no pueden convertirla en una prohibición general ni usarla para excluir contenidos con perspectiva de género o enfoque pluricultural.
La SCJN añadió que el lenguaje inclusivo contribuye a visibilizar grupos en situación de vulnerabilidad, combatir estereotipos y avanzar hacia una igualdad sustantiva. En términos prácticos, eso significa que un director de escuela o una autoridad estatal que cite esta ley para sacar el lenguaje incluyente del aula estaría actuando fuera de lo que la Corte permitió. El debate político de Chihuahua no desaparece, pero su arma legal quedó sin munición.
La discusión había encendido a la comunidad LGBT+ en México desde que el Congreso local aprobó la reforma. Colectivos de derechos humanos advirtieron que la exposición de motivos del dictamen contenía elementos que podían interpretarse como discurso de odio y que la norma podía legitimar la exclusión de expresiones de género no binarias.
Cómo nació la ley que la Corte acotó
El 7 de octubre de 2025, el Congreso de Chihuahua aprobó una modificación al artículo 8 de la Ley Estatal de Educación que obligaba a todos los planteles de educación básica, públicos y privados con reconocimiento oficial, a acatar el uso correcto del español. La iniciativa la impulsó el diputado Carlos Olson San Vicente, del PAN, con el argumento de que la gramática y la ortografía forman disciplina y permiten a los alumnos expresarse con precisión.
La bancada de Morena, encabezada por el diputado Óscar Avitia Arellanes, intentó regresar la iniciativa a comisiones por falta de análisis, pero sus mociones fueron rechazadas por mayoría. El debate parlamentario duró más de hora y media. Entre los respaldos académicos citados en el dictamen apareció la lingüista Concepción Company Company, a quien se atribuyó la postura de que el lenguaje incluyente era un distractor y que solo el 3% de la gramática española depende del sexo del referente.
La reforma se instaló políticamente como un hito: el primer ‘veto’ al lenguaje inclusivo en una ley educativa estatal de México. La Corte le quitó esa etiqueta.
