Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se presentó ante la Fiscalía General de la República en Culiacán el pasado miércoles. Su comparecencia ocurre semanas después de que autoridades estadounidenses lo acusaran formalmente de colaborar con Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. El caso pone nuevamente en el centro del debate la tensión entre México y Estados Unidos sobre soberanía, extradiciones y el control territorial del narcotráfico.
La comparecencia y el mensaje político
Rocha Moya confirmó su presencia ante el Ministerio Público Federal a través de X, asegurando que respondió todas las preguntas formuladas por la agencia investigadora. En su mensaje, el político de Morena enfatizó su “firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora”.
Lo significativo no fue solo su asistencia, sino cómo la enmarcó públicamente. Rocha Moya vinculó deliberadamente su comparecencia con los principios de la Cuarta Transformación y expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como defensora de la soberanía nacional. En el contexto de una acusación por narcotráfico, traer a la presidencia al mensaje constituye una movida política calculada.
Este gesto refleja una estrategia bien definida: en un momento donde las tensiones entre México y EUA por extradiciones y jurisdicción se mantienen elevadas, alinearse públicamente con Sheinbaum y la narrativa de soberanía nacional no es casual. Es una lectura del momento político que busca enmarcar la acusación estadounidense como un asunto de política exterior, no solo de justicia penal.
Los cargos formales contra Rocha Moya
El 29 de abril de 2025, la fiscalía federal de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa. Los cargos incluyen tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. Según los documentos judiciales, los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos, para facilitar la distribución de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense.
La acusación es parte de una estrategia más amplia de la justicia estadounidense para identificar y procesar a funcionarios públicos mexicanos vinculados con estructuras criminales. Estos casos suelen incluir pruebas de comunicaciones, transacciones financieras y testimonios de colaboradores que han cooperado con autoridades.
Rocha Moya nació en Badiraguato, Sinaloa, municipio históricamente asociado con la producción de drogas y la presencia del crimen organizado. Este detalle geográfico no es irrelevante en el análisis de la acusación: Badiraguato ha sido cuna de varios capos y estructura territorial clave para organizaciones criminales durante décadas.
El precedente de funcionarios acusados
Este caso se suma a una lista creciente de gobernadores y funcionarios estatales mexicanos enfrentados a acusaciones estadounidenses por vínculos con el narcotráfico. La estrategia de Washington de acusar directamente a figuras políticas, en lugar de solo perseguir criminales de bajo perfil, representa un cambio en la presión sobre las instituciones mexicanas.
La comparecencia ante la FGR, aunque obligatoria, tiene implicaciones políticas. Si bien México no extradita automáticamente a sus ciudadanos, la presencia de una acusación formal estadounidense abre la puerta a investigaciones paralelas en territorio nacional. La FGR, por su parte, no ha emitido postura oficial sobre el contenido específico de la diligencia con Rocha Moya.
Soberanía, narcotráfico y la respuesta institucional
El caso de Rocha Moya ilustra las complejidades de la cooperación bilateral en materia de seguridad. México mantiene su posición de que los asuntos de sus ciudadanos deben resolverse en territorio nacional, mientras que Estados Unidos ejerce presión mediante acusaciones formales que buscan incidir en la política interna mexicana.
La decisión del gobernador con licencia de presentarse voluntariamente ante la FGR, en lugar de eludir la citación, puede interpretarse como una apuesta por demostrar colaboración con las autoridades mexicanas. Sin embargo, también deja abierta la interrogante sobre qué información proporcionó y cómo esto podría afectar futuras investigaciones o negociaciones diplomáticas entre ambos países.
La tensión entre soberanía nacional y cooperación internacional en materia de drogas seguirá siendo uno de los ejes del debate político mexicano. Mientras tanto, casos como el de Rocha Moya permanecerán en un limbo institucional donde la política exterior, la justicia penal y las dinámicas del poder regional convergen.
