En mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó desde Palacio Nacional que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve exfuncionarios más cuentan con fichas rojas activas de Interpol. La acusación proviene de la Fiscalía estadounidense por presuntos delitos de narcotráfico. La confirmación presidencial fue clara: si cualquiera de ellos abandona el territorio mexicano, será detenido de inmediato por autoridades internacionales.
La ficha roja de Interpol: una alerta sin frontera
Una ficha roja de Interpol no es una orden de aprehensión directa emitida por un juez mexicano. Es, en cambio, una alerta internacional que funciona como un mecanismo de coordinación entre países miembros de la organización. Cuando una nación solicita una ficha roja, obliga a los demás países signatarios a detener a la persona si la localizan en su territorio.
En este caso, el gobierno de Estados Unidos emitió la solicitud tras acusar formalmente a Rocha Moya y a los nueve exfuncionarios de delitos relacionados con el narcotráfico. La ficha roja es, entonces, una herramienta de persecución internacional que trasciende las fronteras nacionales.
Lo que la presidenta subrayó en su conferencia fue un detalle legal crucial: mientras los acusados permanezcan en México, la ficha roja no tiene efecto vinculante. La ley mexicana no permite que una alerta internacional de Interpol se ejecute dentro del territorio nacional sin un proceso de extradición previo.
¿Por qué Rocha Moya no ha sido arrestado en Sinaloa?
La respuesta reside en la soberanía legal mexicana. Estados Unidos ya solicitó formalmente la detención provisional de Rocha Moya con fines de extradición, pero ese proceso sigue su curso en tribunales mexicanos. Mientras tanto, el exgobernador permanece en su domicilio en Sinaloa sin ser detenido por autoridades federales.
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, fue explícito al aclarar que la seguridad de Rocha Moya, en caso de que la tenga, corre a cargo de corporaciones estatales de Sinaloa, no de dependencias federales. Esta aclaración sugiere un distanciamiento deliberado del gobierno federal respecto a la protección del exfuncionario.
El dilema es complejo: México no puede detener a Rocha Moya únicamente por la ficha roja de Interpol, pero tampoco puede permitir que salga del país sin que sea capturado. Es un limbo legal que mantiene al exgobernador confinado de facto al territorio mexicano.
Dos exfuncionarios se entregaron voluntariamente
Mientras Rocha Moya permanece en Sinaloa, dos de los nueve exfuncionarios acusados tomaron una decisión distinta: se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses. Cuando le preguntaron a Sheinbaum sobre los motivos detrás de estas entregas, su respuesta fue escueta: “ya sabrán ellos por qué se entregaron”.
La brevedad de la respuesta presidencial dejó sin resolver una pregunta más amplia: ¿qué cálculo legal o personal lleva a un exfuncionario a elegir la entrega voluntaria sobre permanecer en México? Las entregas voluntarias suelen implicar negociaciones con fiscales estadounidenses, reducción de cargos o cooperación con investigaciones. Sin embargo, Sheinbaum no profundizó en estos detalles.
La cuestión de la seguridad y el vacío de respuestas
Cuando se le cuestionó sobre la asignación de seguridad para Rocha Moya, Sheinbaum explicó que cualquier evaluación de protección depende de análisis de riesgo realizados conjuntamente por la Secretaría de Seguridad Pública, la Defensa Nacional y Gobernación. Sin embargo, no aclaró si el exgobernador fue sometido a tal evaluación o si fue descartado para recibir protección federal.
Esta omisión es significativa. Sugiere que la decisión de no proporcionar seguridad federal a Rocha Moya fue deliberada, no accidental. Es una forma de presión política sin necesidad de arresto formal: el exgobernador permanece libre en Sinaloa, pero sin respaldo institucional federal y con la certeza de que cualquier intento de salir del país resultará en su captura inmediata.
Un escenario sin salida clara
La situación de Rubén Rocha Moya ilustra una tensión creciente en México: la capacidad del Estado para perseguir a funcionarios acusados de corrupción o narcotráfico choca contra los límites de la soberanía legal y las complejidades del proceso de extradición. La ficha roja de Interpol es, en este contexto, más un símbolo de la persecución internacional que una herramienta de detención inmediata.
Lo que queda claro es que Rocha Moya está atrapado en un espacio legal intermedio: no puede ser arrestado en México por la ficha roja sola, pero tampoco puede abandonar el territorio sin enfrentar captura internacional. Es una forma de confinamiento que no requiere celdas, pero que es igual de restrictiva.
