El padre Clemente Morales Topete, sacerdote de 67 años de la parroquia Cristo Resucitado en Culiacán, Sinaloa, regresó el 27 de octubre conduciendo su propia camioneta tras tres días desaparecido. La imagen era casi tranquilizadora —hasta que la Diócesis de Culiacán emitió un comunicado con los detalles de su estado: múltiples golpes, quemaduras en distintas partes del cuerpo y amenazas de muerte durante su cautiverio. El sacerdote fue trasladado a una clínica para recibir atención especializada y continúa en recuperación física y emocional.
Lo que pasó durante los tres días que nadie vio
El padre Clemente salió el sábado 24 de octubre en su camioneta con destino a una consulta médica en Culiacán. No llegó. Durante tres días no hubo rastro de él, y el hermetismo que rodeó su desaparición alimentó la incertidumbre dentro de su comunidad sacerdotal. Cuando reapareció el lunes 27, conduciendo solo, muchos asumieron que lo peor había quedado atrás.
Pero el comunicado de la Diócesis de Culiacán pintó un escenario distinto. Sus captores lo golpearon y lo quemaron en distintas partes del cuerpo. También lo amenazaron de muerte mientras le exigían información que, según la propia institución, él simplemente no tenía. La diócesis calificó el hecho como una desaparición forzada y confirmó que el sacerdote llegó a su comunidad con lesiones que, aunque no ponían en riesgo inmediato su vida, requerían atención médica especializada. Fue el más reciente ataque contra un sacerdote en Sinaloa en un estado donde los civiles sin vínculo alguno con grupos delictivos también terminan en medio del fuego cruzado.
Recuperación física, emocional y el silencio que pide la Diócesis
Tras su regreso, el padre Clemente recibió atención inmediata de su comunidad sacerdotal, personal médico y autoridades, antes de ser trasladado a una clínica. La Diócesis de Culiacán fue cuidadosa en su comunicado: reconoció las afectaciones psicológicas y emocionales que el sacerdote enfrenta, y pidió respetar su proceso de recuperación sin presiones ni exposición pública innecesaria.
«La recuperación de quien ha sufrido violencia exige respeto, comprensión, cercanía y un entorno que le permita recobrar la tranquilidad y la confianza», señaló la institución en su comunicado. La Iglesia también condenó la agresión y exigió a las autoridades esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La investigación sigue abierta y la diócesis evitó dar más detalles mientras eso ocurre.
