El cambio climático establece una emergencia mundial que va más allá de las fronteras, se trata de un problema que exige sea tomado en cuenta de manera seria por los gobiernos de todo el mundo para prevenir daños irreversibles en el medio ambiente, pues está por demás indicar que esto traería consecuencias graves a la sobrevivencia del ser humano.
En este contexto, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y SIMO puso a prueba a 33 países de América Latina y el Caribe mediante un grupo de investigadores, quienes analizaron minuciosamente país a país para saber qué está haciendo la región para mitigar el cambio climático y facilitar el acceso a la justicia climática y los resultados no fueron lo que se esperaba de acuerdo a lo que exige la situación crítica.
De acuerdo con el estudio, el desempeño en cuanto a acciones para combatir el cambio climático, sólo alcanzó un promedio del 54.86%, según el Índice de Impunidad Ambiental 2023 que se presentó en el Senado de México. Además, se reveló que la región sólo invierte el 0.18% del PIB en conservar el medio ambiente, a pesar de que el calentamiento en la zona es cada vez más grave.
“Esta falta de financiación refleja en realidad la falta de voluntad política”.
“Aunque exista un consenso sobre la necesidad de actuar, a la respuesta institucional le faltan dientes, les faltan recursos”, lamenta Azucena Cháidez Montenegro, directora de SIMO Consulting y coautora del Índice de Impunidad Ambiental.
Migración climática, consecuencia de la no acción de los gobiernos al cambio climático
El informe del Índice de Impunidad Ambiental 2023 estima que la migración climática es la consecuencia de la falta de acción por parte de los gobiernos al cambio climático. De acuerdo con los datos recopilados por el informe en un censo realizado en 2021, en la región de América Latina y del Caribe al menos 1.18 millones de personas han sido desplazadas internamente debido a factores climáticos.
Brasil encabeza la lista debido a que en el país migraron internamente casi medio millón de personas a causa de desastres relacionados con el clima; en tanto, en Haití, la cifra ronda los 220 mil, mientras que en Cuba son 194 mil y en Uruguay, 160 mil, estos datos alarmantes, estiman expertos, podrían ir en aumento.
Por increíble que parezca, los países con supuestamente mayores recursos no necesariamente pueden hacerlos funcionar con efectividad ni garantizar plenamente el derecho a un ambiente sano de sus ciudadanos. En cuanto a degradación y crímenes ambientales, México es uno de los peores calificados, junto con Brasil y Barbados.
Además, otro de los problemas que presenta México son los conflictos ambientales, que engloban desde los asesinatos de ecologistas, hasta disputas territoriales vinculadas al extractivismo. México, junto a Brasil y Colombia son los países con más pleitos ambientales en la región.
Azucena Cháidez lamenta el peor desempeño de los países más pequeños o con menores niveles de ingresos, ya que son los que enfrentan mayores niveles de riesgo y vulnerabilidad ante el cambio climático a pesar de que se caracterizan por una mínima contribución a la emisión de gases de invernadero hacia la atmósfera.
Es por ello que se insta a una mayor asistencia técnica a estos países para desarrollar estadísticas y poder formular políticas públicas, procesos de cambio institucional y sistemas de gestión de riesgo, prevención y adaptación basados en la evidencia.
Con información de El País / Foto de portada: tomada de internet (Diario AS)
