Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre por agentes del ICE en Florida, no por los delitos que le atribuye la justicia mexicana, sino por su situación migratoria irregular. La FGR la espera con tres órdenes de aprehensión vigentes: delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal por más de 13 millones de pesos. Si un juez de migración de Estados Unidos determina su deportación, será arrestada en cuanto pise suelo mexicano. Su única carta ahora mismo es el mismo recurso legal que le funcionó a su marido.
El mismo truco que salvó a Víctor Álvarez Puga
La historia de Inés Gómez Mont en este momento es casi un calco de la que vivió su esposo, Víctor Álvarez Puga, el año pasado. El 24 de septiembre de 2024, el abogado fue detenido por el ICE también por irregularidades migratorias. Presentó un recurso de habeas corpus, consiguió una medida cautelar y, semanas después, un juez de migración lo puso en libertad. México no había promovido ninguna solicitud formal de extradición ante Washington mientras él estaba bajo custodia — la presentó el 4 de diciembre, cuando ya era hombre libre.
Gómez Mont está retenida en el Broward Transitional Center en Pompano Beach, Miami. Su defensa, encabezada por el abogado John Patrick Pratt — el mismo que asesoró exitosamente a Álvarez Puga — promovió de inmediato un habeas corpus buscando una medida cautelar urgente para evitar su traslado a otro centro o a otro país. Ante el juez de la Corte de Distrito para el Sur de Florida presentó un informe médico sobre el tratamiento de una de sus hijas como argumento. El juez lo denegó: dijo que prohibir la reubicación entre centros migratorios es una “facultad discrecional” de la Fiscalía, fuera de su competencia. Caso Víctor Álvarez Puga habeas corpus deportación
Esta vez, sin embargo, México llegó con más tiempo. La titular de la FGR, Ernestina Godoy, confirmó que existe una solicitud formal de detención y extradición ante Washington desde septiembre de 2025 — dos meses antes de que el ICE la detuviera. Si el gobierno de Claudia Sheinbaum aprendió algo del fiasco con Álvarez Puga, fue eso: no esperar a que la suelten para pedir que la retengan.
Tres órdenes, 2,450 millones de pesos y cuatro años huyendo
La pareja abandonó México en 2021, cuando comenzó a perder las redes de influencia que los hacían intocables en las altas esferas de la política y el espectáculo. Desde Florida continuaron su vida social mientras en México eran oficialmente considerados prófugos de la justicia.
Los cargos que esperan a la exconductora son tres. El primero: presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los otros dos son por defraudación fiscal equiparada, relacionados con los ejercicios de 2014 y 2016. Las investigaciones apuntan a que habría omitido pagar más de 13 millones de pesos a Hacienda. Además, se investiga un presunto esquema de desvío de recursos públicos mediante contratos por cerca de 2,450 millones de pesos — una cifra que convierte el caso en algo muy distinto a una simple evasión fiscal.
El gobierno mexicano ha admitido que por ahora está a expensas de la decisión del juez de migración estadounidense. La captura por parte del ICE no está vinculada a ninguno de los cargos que le atribuye la FGR, lo que complica el proceso pero no lo cancela. Godoy fue directa: “De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de detención a su llegada a México”. Cuatro años de fuga, los mismos abogados, la misma corte, el mismo centro de detención. Pero esta vez el otro lado de la frontera sí llegó preparado.
