La desaparición de un joven de 20 años en Tlaquepaque el pasado 21 de julio terminó revelando algo que va mucho más allá de un caso de reclutamiento forzado: una finca en Tecalitlán, Jalisco, operada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación como hospital clandestino para atender a sus propios sicarios heridos en combate. Ahí encontraron a nueve personas de entre 16 y 43 años, algunas con muletas, otras con clavos quirúrgicos implantados, todas presuntamente obligadas a trabajar para el cártel.
Cómo una familia en Jalisco descubrió el hospital secreto del CJNG
Todo empezó cuando la familia del joven acudió a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas de Jalisco para reportar que su hijo había salido el 21 de julio a trabajar en un rancho. Un auto pasó por él, se lo llevaron, y el silencio que siguió fue absoluto. Lo que nadie esperaba es que esa denuncia abriera la puerta a un operativo que expuso una de las estructuras más perturbadoras del CJNG en el estado.
La Fiscalía de Jalisco rastreó la pista hasta una finca en el municipio de Tecalitlán, zona de histórica influencia del cártel en el sur de Jalisco. Ahí, según el fiscal Salvador González de los Santos, encontraron indicios de que se realizaban tratamientos médicos especializados: quirófano improvisado, instrumental clínico y, lo más revelador, pacientes con heridas de enfrentamientos armados que difícilmente podían haber llegado a un hospital convencional sin levantar sospechas.
Nueve víctimas, cirugías con clavos y la pregunta que queda abierta
Durante el operativo fueron liberadas nueve personas de entre 16 y 43 años. Algunas se movían en muletas. Otras tenían clavos quirúrgicos como parte de procedimientos que, según las autoridades, se realizaron dentro de la misma finca. Las condiciones apuntan a reclutamiento forzado: personas captadas o secuestradas para hacer trabajo dentro de la estructura del cártel, sin posibilidad real de salir.
Seis personas fueron detenidas en el lugar, acusadas de resguardar y custodiar a las víctimas. La Fiscalía de Jalisco busca procesarlas por trata de personas y desaparición forzada. Pero hay una arista que la investigación aún no cierra: quién o quiénes proporcionaban la atención médica especializada. González de los Santos fue directo — se sospecha que personal médico de la región conocía y participaba en el funcionamiento de este lugar. Eso convierte el caso en algo más que un operativo anticrimen: es también una investigación de complicidades civiles con el CJNG.
