“Queremos dejar en claro que la protesta no es en contra de la afición (futbolera), no es en contra de todos los ciudadanos que estén alrededor del estadio o a los ciudadanos que estén en la Ciudad de México, sino es en contra de estas políticas neoliberales de este gobierno”, explicó Elvira Veleces, profesora dirigente de la sección 14 de Guerrero.
El pliego petitorio que sostiene esta movilización agrupa demandas laborales históricas y cambios estructurales profundos. En el centro del conflicto se ubica la exigencia irrenunciable de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, una legislación que el magisterio disidente señala como la responsable de precarizar sus condiciones de retiro al transitar de un esquema solidario a uno de cuentas individuales gestionadas por Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Asimismo, los docentes demandan la cancelación definitiva de las reformas educativas recientes, la reinstalación de profesores cesados y un incremento del 100 por ciento al salario base. Aunque el gobierno federal anunció previamente un ajuste salarial del 9 por ciento, los líderes de la coordinadora —como Pedro Hernández de la Sección 9— calificaron la medida de insuficiente, argumentando que el aumento real al sueldo base representa apenas unos 253 pesos mensuales.
Anuncian 9% de aumento en el salario de maestras y maestros en México
A diferencia de protestas previas, la estrategia del magisterio para este año busca aprovechar los reflectores internacionales. La dirigencia sindical ha manifestado abiertamente que el objetivo de movilizarse en las inmediaciones de sedes deportivas, embajadas y hoteles de concentración no es perjudicar a la afición, sino obligar al Estado a reabrir mesas de negociación efectivas exponiendo sus problemáticas ante los ojos del mundo.
La logística de la protesta contempla un despliegue masivo hacia la Ciudad de México: entidades con fuerte presencia sindical como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Yucatán y Zacatecas iniciarán el movimiento el primer día de junio, mientras que la Sección 22 de Oaxaca —el contingente numéricamente más robusto— comenzará acciones locales previas para sumarse de lleno a la concentración en la capital a fines del mismo mes.
El escenario plantea un reto mayúsculo de gobernabilidad. Por un lado, las autoridades federales y la Secretaría de Educación Pública (SEP) han defendido los esfuerzos financieros realizados y buscan mecanismos para asegurar la continuidad del ciclo escolar, rechazando que eventos de magnitud global se utilicen como herramientas de presión.
Por el otro, el sector comercial y turístico observa con preocupación el impacto que bloqueos viales, marchas masivas y la eventual instalación de un plantón permanente en el Zócalo o Paseo de la Reforma puedan generar sobre las proyecciones económicas del torneo.
“La duración del paro nacional dependerá de la voluntad del gobierno a negociar y resolver las demandas concretas, de la importancia que le de a las demandas que ya hemos hecho llegar a través de un pliego petitorio. Me parece que la respuesta la debe de dar el gobierno federal”, advirtió Elvira Veleces.
En un contexto donde el diálogo parece agotado y las posturas radicalizadas, los próximos días serán cruciales para definir si la vía de la concertación política logra desactivar un paro de labores que promete paralizar las aulas y colapsar el espacio público.
Con información de La Jornada
