El Estado mexicano cobró 5 millones 805 mil 693 dólares derivados de la sentencia contra la familia Weinberg en un tribunal de Florida, dinero vinculado al esquema de desvío y lavado de recursos orquestado junto con Genaro García Luna. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que los aproximadamente 100 millones de pesos resultantes se destinarán a escuelas de educación media superior y superior en La Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayor marginación del país. Es la primera vez que México recupera activos públicos desviados por este tipo de esquema de corrupción.
Cómo fue el esquema: contratos inflados, empresas fachada y 12 casas en Florida
Entre 2008 y 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó un esquema de desvío de recursos públicos articulado a través de contratos entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social —instancia ligada a la Secretaría de Seguridad Pública que encabezaba García Luna— y empresas vinculadas a la familia Weinberg. El monto total involucrado en esos contratos superó los 403 millones de dólares. La familia Weinberg participó como estructura corporativa: una red de empresas fachada que obtuvo 30 contratos gubernamentales a sobreprecios a cambio de beneficios económicos.
El análisis financiero de la UIF reconstruyó cómo se movió el dinero: García Luna fundó un conglomerado de empresas entre 2015 y 2017 con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares. En total, el esquema identifica alrededor de 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados. La coordinación para rastrear ese dinero involucró a la FGR, el SAT, la CNBV y asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador. Un caso así, con ese nivel de coordinación transfronteriza, cómo opera el lavado de dinero en México es poco frecuente en la historia judicial del país.
La sentencia en Miami-Dade y los 5.8 MDD que ya están en manos del Estado
La UIF presentó primero una denuncia penal ante la FGR en diciembre de 2019 y luego una demanda civil en Florida en septiembre de 2021. El 19 de mayo de 2026, la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade dictó sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano contra los Weinberg. La sentencia total del caso asciende a aproximadamente 578.5 millones de dólares, aunque lo recuperado hasta ahora es una fracción: los 5.8 MDD corresponden a una póliza de fianza y a la liquidación de 12 propiedades en Florida. El pago llegó el 25 de agosto de 2026.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, aclaró que aún quedan activos pendientes de liquidar a favor del Estado mexicano, por lo que la cifra podría crecer. Mientras tanto, en lo que va de la administración de Sheinbaum la UIF ha incorporado 2,395 personas a la lista de bloqueados, inmovilizado 24 mil 622 cuentas por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos —de las cuales 7,861 pertenecen a integrantes de organizaciones criminales— y bloqueado 1,443 cuentas relacionadas con extorsión.
