El día de hoy el Gobierno de México reconoció los esfuerzos de EEUU en la lucha contra el Crimen Organizado (CO), el consumo de drogas y el tráfico de armas.
Durante la Mañanera con la presidenta Claudia Shienbaum Pardo, se contrastaron resultados diferenciados respecto a las estrategias que siguen las autoridades de este y del otro lado del Río Bravo.
Mientras que de ese lado, 73.6 millones de personas, es decir el 25 de la población de EEUU, han consumido algún tipo de droga en el último año, en México apenas 3.8 millones de personas lo han hecho, esto es apenas el 2.7 por ciento de la población.
En EEUU 48.4 millones de personas, es decir el 16.8 por ciento de la población, padecen algún trastorno por el uso de sustancias, de todas ellas, 23.5 millones se encuentranen proceso de recuperación o ‘rehab’, señaló la consejera Jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde.
Alcalde calificó de “fracaso” el enfoque que hasta hace poco aplicaban los estadounidenses, quienes se enfocaban solamente en la cuestión punitiva, mientras que la estrategia del Gabinete de la presidenta Sheinbaum implica la Atención a las Causas, un modelo que busca arrancar de raíz el problema de las adicciones.
La exposición, encabezada hoy por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, delineó los puntos críticos de una relación bilateral que enfrenta su prueba más compleja en décadas bajo el retorno de políticas de presión directa.
La estrategia estadounidense para 2026 no es solo una hoja de ruta administrativa; es un despliegue de “ofensiva implacable” que busca desmantelar las redes de suministro de fentanilo y metanfetaminas.
Según lo expuesto por los funcionarios mexicanos, el documento de la Casa Blanca condiciona la cooperación y asistencia en seguridad a indicadores de cumplimiento verificables, tales como el número de extradiciones, la destrucción de laboratorios y la captura de líderes de organizaciones que Washington ahora etiqueta bajo categorías de terrorismo.
Luisa María Alcalde enfatizó que, si bien México reconoce la urgencia de frenar la crisis de sobredosis que cobra miles de vidas en el país vecino, cualquier acción debe respetar estrictamente la soberanía nacional.
La secretaria señaló que las propuestas de incursiones o “ataques quirúrgicos” en territorio mexicano son inaceptables y que la seguridad pública de México no puede supeditarse a agendas electorales extranjeras.
Por su parte, Roberto Velasco detalló la respuesta técnica y operativa del Estado mexicano. El canciller subrayó que la prioridad para 2026 será la renovación de protocolos de inteligencia compartida para frenar el flujo de precursores químicos desde Asia y, de manera crucial, detener el tráfico de armas de alto calibre que fluye desde Estados Unidos hacia los cárteles.
Velasco defendió la eficacia de las instituciones mexicanas y cuestionó el enfoque punitivo que, a su juicio, ignora las raíces sociales del consumo. Resaltó que México ha incrementado sus incautaciones y que la cooperación será “robusta y continua”, pero siempre bajo un marco de corresponsabilidad donde EEUU también debe dar resultados en el control de su demanda interna y el lavado de dinero en su sistema financiero.
Un aspecto novedoso que Alcalde y Velasco analizaron es el componente social de la estrategia estadounidense. Por primera vez, el plan 2026 de EEUU incorpora a las organizaciones basadas en la fe como pilares para el tratamiento de las adicciones, buscando establecer una “América libre de drogas” como norma social.
México observa este cambio con interés, aunque mantiene su enfoque en programas de bienestar y prevención comunitaria.
La exposición de hoy deja claro que el 2026 será un año de definiciones. Entre las amenazas de aranceles y la presión por la revisión del tratado comercial (T-MEC), México busca equilibrar la balanza: colaborar para salvar vidas, pero sin ceder el control de sus instituciones. Como bien resumieron los funcionarios, la seguridad de la región no se construye con muros o amenazas, sino con una cooperación estratégica que reconozca que el problema de las drogas es, en esencia, un desafío compartido que no conoce fronteras.