Un juzgado de enjuiciamiento de Texcoco falló a favor de la familia de Doña Carlota: reconoció a su hija, Mariana Santana Alfaro, como la legítima propietaria de la vivienda ubicada en la Unidad Habitacional ExHacienda de Guadalupe, en Chalco. Más de un año después del enfrentamiento del 1 de abril de 2025 —que dejó dos muertos y al país dividido— la casa regresa legalmente a la familia. Pero Carlota, de 74 años, sigue procesada por homicidio calificado y tentativa de homicidio.
Qué decidió el juez y qué significa para la familia
El fallo civil es contundente: la casa no le pertenecía a quienes la ocupaban. El tribunal reconoció a Mariana Santana Alfaro como dueña del inmueble, lo que significa que la familia puede volver a entrar al domicilio sin cometer ningún delito. Es, en el papel, una vindicación del argumento que Carlota defendió aquel día con un arma en la mano.
El despojo en México rara vez termina así. La mayoría de las víctimas pierden meses o años en trámites burocráticos mientras los invasores permanecen adentro, y los casos que llegan a resolución judicial suelen extenderse tanto que la propiedad ya cambió de manos varias veces. Que un juzgado de Texcoco resolviera en este plazo, con el nivel de presión mediática que generó el caso, no es exactamente la norma —es la excepción que confirma el problema. El despojo de viviendas en México y por qué las autoridades lo ignoran
El costo: dos muertos, un menor herido y un proceso penal abierto
La resolución civil no cierra el expediente penal. Carlota y sus hijos continúan enfrentando cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio por la muerte de Justin Márquez, de 19 años, y Esaú Márquez, de 51 años, ocurrida durante el enfrentamiento. Un adolescente también resultó gravemente herido ese día.
Y aquí está la paradoja que parte en dos a la opinión pública: el Estado mexicano, por un lado, le dice a la familia que tenía razón —la casa era suya, el despojo era real. Por el otro, la procesa penalmente por el modo en que decidió ejercer esa razón. Que la ley reconozca el despojo y al mismo tiempo castigue la respuesta al despojo es, para muchos, la muestra más cruda de por qué tantas víctimas optan por no esperar a las autoridades.
