El Centro Histórico de Guadalajara amaneció con el Palacio de Gobierno, el Congreso de Jalisco y el Palacio de Justicia dañados tras más de 12 horas de protestas por agua limpia. Lo que inició como una marcha masiva y pacífica terminó con puertas incendiadas, vidrios rotos, saqueos en al menos seis comercios y cinco personas detenidas que transportaban bidones de gasolina en una camioneta con reporte de robo. El gobernador Pablo Lemus ya señaló a un grupo de infiltrados encapuchados como responsables de los actos vandálicos.
Qué pasó en el Centro Histórico tras la marcha
La segunda marcha por agua limpia en Guadalajara convocó a miles de personas el domingo, pero según el gobernador Pablo Lemus, al concluir la parte principal de la movilización, alrededor de 300 personas permanecieron en la zona y comenzaron con las agresiones: pintas, ruptura de vidrios, derribo de cámaras de seguridad y lanzamiento de petardos y bombas molotov contra el Palacio Legislativo y el Palacio Judicial.
Las autoridades reportaron seis civiles y dos policías atendidos por servicios de emergencia. Hasta el cierre de la jornada, la policía continuaba soportando ataques contra el Palacio de Gobierno. Lemus fue enfático: eso ya no era parte de la manifestación pacífica. Qué pasó con la alpinista rusa atrapada en México
Los cinco detenidos y los bidones de gasolina
El dato más concreto de la noche: cinco personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Jalisco luego de ser detenidas en una camioneta con reporte de robo que transportaba bidones con gasolina. El gobernador las señaló como presuntas responsables de incendiar las puertas del Congreso de Jalisco y del Poder Judicial.
El periodista Víctor Hugo Arteaga difundió los nombres que corresponderían a los detenidos: Raúl, de 48 años, originario de Guadalajara; Pablo, de 21 años, originario de Puerto Vallarta; Héctor, también de Guadalajara; Christopher, de 27 años; y Jovany Rubén. [DATO PENDIENTE: confirmar apellidos y cargos formales imputados por la Fiscalía de Jalisco]
Lemus aseguró que los propios manifestantes rechazaron y expulsaron a los encapuchados desde el inicio de la marcha, y que ‘ni los ciudadanos ni las fuerzas del orden cayeron en la provocación de los violentos’. La narrativa del gobernador es clara: separar la protesta legítima por agua de los actos vandálicos para no asumir el costo político de ambos. Mientras tanto, los manifestantes ya recaban firmas para exigir su destitución ante el Congreso.