El presunto asesino de Paola Buenrostro, mujer trans asesinada en septiembre de 2016 en la Ciudad de México, fue vinculado a proceso por homicidio y no por feminicidio. La decisión encendió a colectivos trans que se plantaron en la Jefatura de la Policía de Investigación (PDI), en la colonia Doctores, para exigir que el delito se reclasifique y que el caso se lleve con perspectiva de género. La protesta terminó con destrozos, polvo extintor y varios manifestantes lesionados.
Lo que pasó en la audiencia y por qué los colectivos lo llaman retroceso
Hace cinco años, la causa judicial contra Arturo ‘N’ debía llevarse bajo perspectiva de género — ese era el acuerdo. Pero en la audiencia de vinculación a proceso, los colectivos denunciaron que ese compromiso se ignoró. Kenia Cuevas, activista y testigo de los hechos, lo describió con una frase que resume el problema:
“Todo el tiempo nos trataron como caballeros violentando nuestra identidad de género y en la audiencia la Ministerio Público hizo lo mismo.”
Para las mujeres trans presentes en la sala, el sistema las borró dos veces: una el día del crimen, otra frente al juez.
La tipificación importa porque cambia la condena, la visibilidad del caso y el precedente legal para crímenes contra mujeres trans en México. Que el caso de Paola Buenrostro no se lleve como feminicidio de mujeres trans en México es, para los colectivos, la diferencia entre justicia y simulación.
Protesta en la PDI: extintor, heridos y una minuta sin acuerdos
Las activistas lograron sentarse con la fiscal de feminicidios, pero la reunión no dio resultados concretos. Sin acuerdo, la protesta escaló. En las instalaciones de la PDI, ubicadas en la calle Dr. Lavista, hubo destrozos. Las autoridades respondieron con polvo extintor para dispersar a los manifestantes, y varios de ellos resultaron lesionados.
Al terminar el enfrentamiento, Kenia Cuevas informó que recibieron una minuta y que el siguiente frente será Derechos Humanos. “Habrá manifestaciones”, advirtió.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) emitió un comunicado con dos movimientos: reconocer y defenderse. Reconoció que el trato a las víctimas durante la audiencia no correspondió con sus estándares — aceptó “posibles errores” en la forma de dirigirse a ellas. Pero rechazó que eso refleje una práctica institucional transfóbica, y dejó claro que ninguna protesta justifica agresiones contra servidores públicos ni daños a sus instalaciones. Sobre la reclasificación del delito, la postura fue más abierta: dijo que “durante el proceso” se aportarán elementos para valorarla, aunque sin comprometerse a nada concreto.
