En su primera conferencia de prensa como presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes trazó una línea clara sobre dos asuntos que tensionan la coalición gobernante: el boxeador sonorense Jorge ‘El Travieso’ Arce no será candidato del partido bajo ninguna circunstancia, y el gobierno de María Eugenia Campos enfrentará denuncias penales por haber orquestado agresiones contra la dirigencia morenista en Chihuahua.
La conferencia reveló fracturas internas en la alianza Morena-PT-Verde y anticipó conflictos más profundos de cara a la carrera presidencial de 2027, cuando se disputarán 17 gubernaturas y los partidos aliados presionan por cuotas de candidatos.
Por qué Morena le cierra la puerta a El Travieso Arce
El boxeador había sido impulsado desde adentro del PT —partido aliado de Morena— como posible candidato a la alcaldía de Los Mochis, Sinaloa. Lo inusual es que Arce compitió anteriormente por la coalición PRI-PAN-PRD en el distrito 5 de Hermosillo y fue públicamente crítico del expresidente López Obrador, lo que lo coloca en una posición incómoda para Morena.
La diputada del PT Diana Karina Barreras lo estaba promoviendo internamente, aprovechando los espacios que los partidos aliados negocian dentro de la coalición. Sin embargo, Montiel fue tajante: “Nosotros no lo tenemos afiliado en Morena. Mi postura es que no se acepte su candidatura”.
La presidenta morenista anunció que esta semana se reactivará la Comisión de Incorporaciones, el filtro interno del partido que valida a candidatos provenientes de organizaciones aliadas. El caso Arce será uno de los primeros en revisarse. Aunque Montiel mencionó “conducta” como argumento central, no detalló los antecedentes específicos que fundamentan el veto.
Las tensiones internas de la coalición de 2027
El episodio de El Travieso Arce expone una realidad incómoda: los partidos aliados exigen cuotas de candidatos para las elecciones de 2027. El PT habría solicitado cinco gubernaturas, el Verde seis, sobre un total de 17 en disputa. Esa presión abre puertas traseras para perfiles que Morena rechazaría por sus propias vías de selección.
Este conflicto anticipa negociaciones más complejas en los próximos meses, donde Montiel deberá equilibrar la lealtad de sus aliados con los estándares de candidatos que el partido matriz considera aceptables. El veto a Arce es una señal de que Morena no permitirá que los acuerdos de coalición comprometan su control sobre la selección de candidatos.
Denuncias penales contra el gobierno de Chihuahua
El segundo mensaje de Montiel fue igualmente contundente. Mostró videos y fotografías donde se identifica a trabajadores del DIF estatal —dependencia del gobierno panista de María Eugenia Campos— organizando grupos que agredieron a la dirigencia morenista a su llegada al aeropuerto de Chihuahua el pasado sábado.
Según el relato de Montiel, ella misma fue jaloneada del cabello y Andrés Manuel López Beltrán, coordinador de asesores de la presidencia, también fue agredido. Las imágenes presentadas muestran a personal del DIF en uniforme participando en los bloqueos y enfrentamientos.
La presidenta de Morena anunció que presentará denuncias penales contra funcionarios del gobierno de Campos por estos hechos. El movimiento es estratégico: coloca al gobierno panista de Chihuahua en una posición defensiva justo cuando se aproximan los comicios de 2027, un estado donde Morena busca recuperar terreno político.
Chihuahua como campo de batalla electoral
Chihuahua ha sido históricamente un bastión del PAN. La presencia de Montiel en el estado y los conflictos que documentó reflejan una estrategia más amplia de Morena: disputar gobiernos locales que han sido controlados por la oposición. Las denuncias contra el DIF no son solo una respuesta a agresiones puntuales, sino parte de una campaña para deslegitimar al gobierno de Campos de cara a 2027.
Montiel cerró su conferencia con una advertencia velada: el PAN “ya perdió Chihuahua”, según sus palabras. Esta afirmación es una apuesta política clara sobre el panorama electoral que Morena espera construir en los próximos meses, aunque la realidad de los números electorales aún está en disputa.
La conferencia de Ariadna Montiel mostró a una dirigencia morenista dispuesta a usar tanto mecanismos internos —el veto a candidatos— como presión externa —denuncias penales— para consolidar su posición de cara a 2027. El precio de esa estrategia será una coalición cada vez más tensa con sus aliados y un gobierno de Chihuahua bajo presión legal.
