El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado mexicano una terna de candidatas para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la renuncia del ministro Arturo Zaldívar. Las tres propuestas —Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González— desataron una ola de críticas que trasciende el debate legislativo ordinario: los cuestionamientos apuntan tanto a los vínculos de las candidatas con el gobierno como a la constitucionalidad del proceso mismo que las llevó a esta posición.
Quiénes son las candidatas propuestas por AMLO
Bertha María Alcalde Luján es hermana de Luisa María Alcalde Luján, actual secretaria de Gobernación y una de las figuras más cercanas al presidente López Obrador. Lenia Batres Guadarrama es hermana de Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y también miembro destacado de la estructura morenista. María Estela Ríos González ocupa actualmente el cargo de consejera jurídica de López Obrador, lo que la sitúa en el núcleo de decisiones legales del Ejecutivo federal.
La coincidencia de estos perfiles —familiares directos de funcionarios clave y personal del gobierno— no pasó desapercibida. Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, comunicó formalmente el 16 de noviembre de 2023 la recepción de la terna a través de redes sociales, iniciando así el proceso de votación que corresponde al Poder Legislativo según el diseño institucional mexicano.
El contexto: la renuncia de Zaldívar y sus implicaciones
Arturo Zaldívar presentó su renuncia el 7 de noviembre de 2023, apenas días antes de que AMLO presentara la terna. Su salida fue aceptada por López Obrador, pero el Senado debía validarla formalmente. El 16 de noviembre, la cámara alta votó con 63 votos a favor, 43 en contra y cero abstenciones para aprobar la dimisión del exministro.
Lo que parecería un trámite administrativo se convirtió en un punto de quiebre constitucional. Los senadores de oposición argumentaron durante la discusión que la renuncia de Zaldívar violaba el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los ministros solo pueden dejar su cargo por causas graves. La oposición cuestionó si una renuncia voluntaria, sin especificar motivos de esa gravedad, cumplía con el requisito constitucional. Sin embargo, la mayoría morenista votó para aprobar la dimisión sin profundizar en esta objeción.
Poco después de renunciar a la SCJN, Zaldívar se sumó a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena para las elecciones de 2024. Este movimiento reforzó la percepción de que su salida obedecía a cálculos políticos más que a causas graves, alimentando el escepticismo sobre la integridad del proceso.
Las críticas: nepotismo institucional y debilitamiento de poderes
La oposición parlamentaria no se limitó a cuestionar la constitucionalidad de la renuncia. Enfatizó que la terna propuesta por AMLO reflejaba un patrón preocupante: la concentración de poder en manos de funcionarios cercanos al presidente. Argumentaron que elegir a hermanas de secretarios de Estado y a la consejera jurídica presidencial comprometería la independencia judicial de la Corte, un pilar fundamental del estado de derecho.
Este debate toca un nervio sensible en la política mexicana contemporánea. La SCJN, como máximo tribunal del país, tiene la responsabilidad de interpretar la Constitución y resolver conflictos entre poderes. Si sus integrantes tienen lazos familiares y laborales estrechos con el Ejecutivo, la capacidad de la Corte para actuar como contrapeso se ve comprometida. Desde esta perspectiva, la terna no es simplemente un acto administrativo, sino una decisión que redefine el equilibrio de poderes en el sistema mexicano.
El proceso de elección en el Senado
Corresponde al Senado de la República elegir a la nueva ministra de entre las tres candidatas propuestas. Este mecanismo, establecido en las reformas constitucionales de 2015 y reafirmado en cambios posteriores, buscaba democratizar la selección de ministros al sacarla del control exclusivo del presidente. Sin embargo, en la práctica, si el partido del presidente controla la mayoría senatorial —como es el caso de Morena—, el Ejecutivo mantiene una influencia decisiva sobre quién llega a la Corte.
La votación en el Senado no fue unánime. Los 43 votos en contra reflejan la polarización política en torno a la terna. La oposición utilizó esta oportunidad para visibilizar sus preocupaciones sobre la independencia judicial, aunque sabía que sus votos no serían suficientes para bloquear la aprobación.
Implicaciones para la independencia judicial
Más allá de los nombres específicos, este episodio ilustra una tensión estructural en el sistema político mexicano: cómo garantizar que los poderes judiciales permanezcan independientes cuando los procesos de selección están mediados por consideraciones políticas. La cercanía de las candidatas con AMLO y Morena no significa necesariamente que serán ministras parcializadas, pero genera una percepción legítima de falta de independencia que erosiona la confianza pública en la institución.
La SCJN enfrenta un desafío institucional complejo. En los años previos, ha sido escenario de disputas sobre cuestiones fundamentales: derechos humanos, federalismo, control de constitucionalidad. Una Corte que sea percibida como dependiente del Ejecutivo pierde capacidad de influencia moral y política en decisiones futuras.
Reflexión final: democracia y equilibrio de poderes
El caso de la terna de AMLO para la SCJN no es un episodio aislado, sino un reflejo de dinámicas más amplias en la política mexicana actual. Ilustra la dificultad de construir instituciones genuinamente independientes en un contexto donde un partido político concentra poder en múltiples niveles. La solución no es obvia: requeriría reformas constitucionales más profundas que modifiquen los mecanismos de selección de ministros, quizás hacia sistemas más despolitizados o con participación de actores externos al gobierno.
Mientras tanto, la SCJN continuará funcionando con sus nuevas integrantes, y la pregunta sobre su independencia seguirá presente en cada decisión que tome sobre asuntos que toquen los intereses del Ejecutivo federal.
