Desde la tribuna del Salón Tesorería del Palacio de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra los salarios del Poder Judicial, afirmando que jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “ganan muchísimo” y que “no se deben permitir excesos”. La acusación forma parte de una estrategia comunicativa más amplia del mandatario para cuestionar la estructura de gastos de la rama judicial.
Los números que AMLO pone en la mesa
Según el presidente, los ministros de la Corte perciben entre 600 y 700 mil pesos mensuales. En sus palabras: “¿Quién gana eso en México? Solo los grandes empresarios, banqueros; pero trabajadores, incluso hasta gerentes de empresas no llegan a ganar ese dinero porque no solo es el sueldo, es que tienen muchísimas prestaciones”.
La cifra que López Obrador enfatiza busca dimensionar la disparidad salarial en el país. Para contextualizar: el salario mensual de un gerente en empresas privadas mexicanas oscila típicamente entre 40 y 80 mil pesos, mientras que profesionales especializados pueden llegar a 120 mil. Los montos que menciona el presidente superan por mucho estos rangos.
Más allá del sueldo base, AMLO subraya el peso de las prestaciones: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima quinquenal, aportaciones al Fovissste, depósito para ahorro solidario, seguro de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizado. El costo total de estos beneficios amplifica significativamente la compensación real de los funcionarios judiciales.
El caso de Ricardo Márquez Blas: la contratación que encendió el debate
El presidente aprovechó para retomar el nombramiento de Ricardo Márquez Blas como coordinador de fortalecimiento institucional de la SCJN, designado por la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña. Márquez Blas es excolaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.
Según los datos que López Obrador presentó, Márquez Blas recibe un tabulador mensual bruto de 174 mil pesos, que se reduce a 122 mil pesos netos tras descuentos fiscales. A esta cifra se suman las prestaciones mencionadas anteriormente. “Estamos hablando de un servidor medio”, aclaró AMLO, “los ministros tienen muchísimo más que esto”.
La contratación resultó polémica no solo por el monto del salario, sino por el antecedente laboral del funcionario. García Luna fue detenido en 2019 en Texas bajo cargos de narcotráfico y corrupción, lo que reavivó cuestionamientos sobre la idoneidad de sus colaboradores cercanos para ocupar posiciones públicas.
La postura presidencial sobre el presupuesto judicial
Respecto a la posibilidad de reducir el presupuesto del Poder Judicial, López Obrador fue claro: “Nosotros no vamos a modificar el presupuesto del Poder Judicial, pero sí lo puede hacer la Cámara de Diputados, es legal, es constitucional”. Esta declaración sugiere que, aunque el Ejecutivo no tomará la iniciativa, abre la puerta a que el Congreso considere recortes o reestructuraciones presupuestales.
El comentario refleja una tensión institucional más profunda. López Obrador ha criticado reiteradamente al Poder Judicial durante su administración, especialmente bajo la presidencia de Norma Piña, quien asumió en 2022. Las fricciones entre el Ejecutivo y la Corte han escalado en temas como reforma electoral, seguridad y decisiones que afectan programas presidenciales.
Contexto de una disputa más amplia
Las declaraciones de AMLO no son aisladas. Forman parte de una campaña más extensa de cuestionamiento a la estructura y eficiencia del Poder Judicial. El presidente ha argumentado que la rama judicial requiere transformaciones profundas, desde la reducción de salarios hasta cambios en su composición y funcionamiento.
Esta disputa toca un punto sensible en la política mexicana: la legitimidad institucional. Mientras AMLO argumenta que los salarios de los ministros son excesivos en un país donde la mayoría de la población gana mucho menos, defensores del Poder Judicial sostienen que los salarios competitivos son necesarios para atraer talento y evitar corrupción.
El debate sobre los sueldos públicos en México sigue sin resolverse. Las cifras que el presidente expone generan reacciones encontradas: para algunos, evidencian desigualdad y mal uso de recursos; para otros, representan una simplificación de problemas más complejos sobre la estructura y funcionamiento de la justicia.