Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos, no solo fue asesinado: el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que el funcionario ya estaba bajo investigación por presuntos nexos con el crimen organizado antes de su muerte. La declaración convierte un homicidio local en una pieza de un mapa más grande: el de funcionarios municipales con vínculos al narco que las autoridades federales tenían ya en el radar.
¿Qué dijo García Harfuch sobre la investigación?
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana fue directo: Lavín Romero era sujeto de seguimiento por parte de las autoridades federales debido a sus presuntos vínculos con organizaciones criminales. García Harfuch señaló a Los Aparicio y Los Huazulco como los posibles grupos delincuenciales con los que presuntamente mantenía relación el alcalde, pero la revelación pública cambia el perfil del caso: deja de ser solo el asesinato de un alcalde y se convierte en la muerte de un funcionario que ya era vigilado desde arriba.
“Estos antecedentes son valorados por la Fiscalía como parte de las investigaciones. También su suegro fue detenido. Él ya había recibido una agresión en enero de este de este año, y también ahí ya se encontraba bajo investigación”, puntualizó Harfuch.
El crimen ocurrió en Temoac, municipio del estado de Morelos, una entidad que en los últimos años ha registrado presencia de distintas células criminales. Que la Federación haya confirmado la investigación de forma abierta, y no tiempo después de la muerte sino casi de inmediato, es un movimiento poco habitual — y eso por sí solo es una señal de que el caso tiene capas.
“La principal línea de investigación pues obviamente es una rivalidad delincuencial que tenía su grupo, su célula delictiva con otra célula”, reiteró Harfuch durante su intervención en la conferencia Mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, que el día de hoy se llevó a cabo desde Morelos.
El patrón: alcaldes, narco y Morelos
No es la primera vez que un funcionario municipal de Morelos aparece en el cruce entre política local y crimen organizado. El estado ha sido escenario de disputas territoriales que empujan a los poderes locales hacia zonas grises: pagar piso, mirar para otro lado o, en algunos casos, colaborar directamente. Lo que distingue el caso Lavín Romero es que la Federación habla antes de que haya una investigación judicial abierta — al menos públicamente — lo que sugiere que la inteligencia ya estaba avanzada.
García Harfuch ha sido consistente en señalar a funcionarios locales como eslabones débiles frente a las organizaciones criminales. La declaración sobre el alcalde de Temoac encaja en esa narrativa, pero también en un contexto más específico: el gobierno federal lleva meses bajo presión para mostrar resultados en seguridad, y señalar a un funcionario ya muerto como objetivo investigado es una forma de comunicar que el sistema de inteligencia funciona — aunque el homicidio ya ocurrió.
¿Qué sigue en el caso?
Por ahora, las autoridades no han confirmado detenidos ni línea de investigación sobre los responsables materiales del asesinato. La pregunta que queda abierta es la más difícil: si Lavín Romero era investigado, ¿el crimen fue ejecutado por los mismos grupos a los que supuestamente estaba vinculado, o fue un ajuste de cuentas por algún quiebre en esa relación? Ninguna de las dos respuestas es tranquilizadora.
El municipio de Temoac tendrá que operar con una presidencia interina mientras se resuelve tanto el proceso político como la investigación penal. En Morelos, ese tipo de vacíos administrativos ha sido históricamente aprovechado por grupos del crimen organizado para consolidar presencia territorial.
