En las últimas semanas, la Ciudad de México ha dejado de ser el “refugio seguro” que prometía su Constitución local, al menos así lo denunciaron organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos, quienes han identificado operativos que podrían denominarse “redadas” contra migrantes.
Estas asociaciones reportaron un incremento exponencial en lo que denominan “redadas invisibles”: operativos de control migratorio realizados en puntos estratégicos de la capital, lejos de las cámaras y bajo un esquema de hostigamiento constante.
De acuerdo con datos del Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur, tan solo en el primer trimestre de 2024, las detenciones en zonas urbanas de la CDMX aumentaron un 32 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Estas acciones se concentran en terminales de autobuses, estaciones de metro aledañas a albergues y plazas públicas como la Plaza de la Soledad y las inmediaciones de la Terminal del Norte.
Por estos hechos ya se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por parte de las organizaciones Apoyo a Migrantes Venezolanos, el Instituto para las Mujeres en la Migración, la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, entre otros.
“No son revisiones aleatorias; es una persecución dirigida por perfilamiento racial”, afirmó Irene Valenzuela, portavoz de la red de apoyo Caminantes CDMX.
Según Valenzuela, el Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, ha implementado cercos en zonas donde los migrantes suelen pernoctar ante la saturación de los albergues.
“Lo que estamos viendo es una táctica de agotamiento. Los levantan a las tres de la mañana, los suben a autobuses y los trasladan a centros de detención en estados como Tabasco o Chiapas, separando familias en el proceso”, relata la activista.
A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México insiste en una política de brazos abiertos, los registros obtenidos vía transparencia por grupos civiles revelan una realidad distinta.
El Observatorio Ciudadano de Migración señala que, entre enero y abril, se han documentado al menos 45 operativos conjuntos en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.
El dato más alarmante es el “índice de efectividad” reportado por las autoridades: el 85 por ciento de las personas retenidas son enviadas directamente a estaciones migratorias sin la oportunidad de solicitar refugio ante la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), cuyo presupuesto ha sufrido recortes operativos que mantienen a miles de solicitantes en un limbo legal.
El Instituto Nacional de Migración rechaza las acusaciones
Fuentes internas del INM aseguran que estas acciones no son “redadas”, sino “operativos de rescate humanitario” destinados a evitar que los migrantes sean víctimas de redes de trata de personas en la capital.
Sin embargo, para Jorge Luis Márquez, abogado especializado en derechos humanos, la terminología es un eufemismo.“ Llamar ‘rescate’ a una detención arbitraria en una estación de Metro es una violación directa al debido proceso. No se les informa de sus derechos ni se les permite contacto consular”, explica Márquez.
El abogado subraya que la CDMX está replicando modelos de control que antes solo se veían en la frontera sur, debido a la presión política por reducir la visibilidad de la crisis migratoria en el corazón del país.
Con una ocupación del 200 por ciento en los albergues, la falta de espacios obliga a los migrantes a ocupar la vía pública, convirtiéndolos en blancos fáciles para estos operativos. Mientras las denuncias civiles se acumulan, la CDMX se enfrenta a una encrucijada: mantener su identidad de ciudad santuario o consolidarse como el nuevo muro administrativo de la política migratoria regional.
El costo de esta ambigüedad lo pagan quienes, tras cruzar continentes, descubren que en la capital mexicana el asfalto también puede ser territorio hostil.
Con información de La Jornada
