El 27 de marzo de 2023, un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó 39 personas muertas. Semanas después, el abogado Jorge Vázquez Campbell presentó una denuncia formal que apunta hacia una responsabilidad directa: acusa al titular del Instituto Nacional de Migración en la entidad, Salvador González Guerrero, de haber ordenado por teléfono que no se abrieran las celdas mientras el fuego avanzaba.
La acusación toca el corazón de lo que los videos de vigilancia mostraron sin ambigüedad: dos guardias de seguridad abandonaron el área en llamas sin intentar liberar a los detenidos. Lo que Vázquez Campbell sostiene es que esa inacción no fue negligencia pasiva, sino resultado de una instrucción explícita desde arriba.
La denuncia y sus alcances
Según el abogado, que representa a personas vinculadas con los hechos pero cuyas identidades protege por seguridad, González Guerrero impartió la orden de no abrir puertas “por ningún motivo”. Esta afirmación es grave: implica que la muerte de 39 migrantes no fue solo resultado de una tragedia, sino de una decisión administrativa deliberada.
Sin embargo, existe una brecha importante entre la acusación y la evidencia. Tanto la Secretaría de Seguridad como la fiscal encargada del caso indicaron que, hasta el momento de sus declaraciones, no contaban con testimonios que corroboraran la existencia de esa llamada telefónica. La denuncia se basa en testimonios de personas cuyos nombres no se han hecho públicos, lo que complica la verificación independiente de los hechos.
Vázquez Campbell no especificó la hora exacta de la supuesta llamada ni proporcionó detalles técnicos que permitieran rastrear la comunicación. Esto deja abierta la interrogante sobre si la investigación podrá acceder a registros telefónicos o de comunicaciones que confirmen o desmienta la acusación.
Las investigaciones en curso
Las autoridades mexicanas confirmaron que ocho trabajadores del centro migratorio estaban siendo investigados, entre ellos tres funcionarios. Se preparaban varias órdenes de captura, incluyendo la del migrante que presuntamente inició el incendio como acto de protesta.
Los dos guardias capturados en video saliendo del área sin intentar rescate alguno se convirtieron en símbolos de la negligencia. Pero la pregunta que emerge es si actuaron por negligencia propia, por falta de capacitación en protocolos de emergencia, o si efectivamente recibieron una orden de no intervenir.
La fiscal Sara Irene Herrerías, a cargo de la investigación, tendría la responsabilidad de esclarecer este punto. Su equipo debería revisar registros de llamadas, testimonios de personal presente, y documentación de procedimientos internos del centro para determinar si existió tal orden y quién la impartió.
El compromiso presidencial y la búsqueda de justicia
El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció públicamente sobre los hechos, afirmando que las muertes no quedarían impunes. Instruyó al fiscal para que actuara “con profesionalismo, con absoluta libertad” y sin “ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia”. Esta declaración presidencial marca la expectativa pública: el caso no será minimizado ni archivado.
No obstante, la complejidad de la investigación radica en que una acusación de orden directa requiere pruebas sólidas. Un testimonio sin corroboración, aunque verosímil dado lo que se vio en video, no es suficiente en un proceso penal. Se necesitarán registros técnicos, declaraciones de múltiples testigos, y posiblemente análisis forense de comunicaciones.
El contexto de la tragedia
El incendio de Ciudad Juárez ocurrió en un contexto de hacinamiento, protesta y tensión en los centros migratorios mexicanos. Los detenidos protestaban por las condiciones de detención. El fuego se propagó rápidamente en un espacio cerrado con personas encerradas. Independientemente de si hubo una orden de no abrir puertas, la realidad es que el sistema de seguridad falló en proteger vidas.
La denuncia del abogado Vázquez Campbell abre una línea de investigación que, si se comprueba, implicaría responsabilidad penal grave. Si no se comprueba, deja sin resolver las preguntas sobre por qué los guardias no intentaron rescate alguno. En ambos casos, el incendio de Ciudad Juárez permanecerá como un punto de quiebre en la historia de la política migratoria mexicana y en la rendición de cuentas de las instituciones responsables.
