El probable espionaje contra activistas y periodistas con el software Pegasus se extendió a Omar García Velázquez, un normalista sobreviviente de la desaparición de sus 43 compañeros de Ayotzinapa, así como a integrantes del Partido Acción Nacional.García Velázquez reveló al portal Sin Embargo que su teléfono celular también fue intervenido, además de que detectó vigilancia contra su persona. Lo mismo ocurrió a los abogados del caso Iguala, Vidulfo Rosales, Santiago Aguirre y Mario Patrón Sánchez.Como oposición al PRI, el intento de espionaje telefónico también rozó a tres figuras del panismo: Ricardo Anaya (dirigente del PAN), el senador Roberto Gil Zuarth y a Fernando Rodríguez Doval, secretario de Comunicación del PANEn entrevista con Cultura Colectiva Noticias, Rodríguez Doval recordó que sólo en países donde no hay democracia ocurren estas actividades, como no debería ser el caso de México.
Conforme avanzan las investigaciones, los nombres de autoridades como la exprocuradora Arely Gómez o el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, comienzan a relacionarse en el caso.Por lo pronto, Televisa aseguró que Zerón de Lucio firmó el contrato por la compra del software Pegasus en más de 32 millones de dólares, pero los panistas todavía analizan si procederán jurídicamente contra los exfuncionarios.De lo que sí tienen certeza es que no confían en que sea la Procuraduría General de la República (PGR) quien realizará las indagatorias del caso, al tratarse de los mismos que espiaron, así como otras dos instituciones.
Las familias de los estudiantes normalistas, así como el propio Omar García, sabían que el gobierno los iba a vigilar, sobre todo cuando en el caso Iguala intervino el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).La primer filtración de una llamada telefónica ocurrió en abril de 2016, cuando Vidulfo Rosales se refería a los padres de los 43 de manera despectiva, llamándolos flojos y “pinches indios piojosos”.
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Por ser un delito grave, con penas de entre 6 y 12 años de cárcel, los panistas esperan un castigo contra los responsables de este intento de intervención telefónica, que cabe aclarar sólo es legal si la autoriza un juez cuando a alguien se le considera un peligro contra la seguridad nacional.Rodríguez Doval escapó de la trampa y no dio clic al mensaje que infectaría su teléfono celular con el malware, pero cambió de equipo –mas no de número telefónico-, como les recomendó a las víctimas el laboratorio canadiense de la Universidad de Toronto.
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