Les llegó la hora a los “viene viene” que abusan de automovilistas y ciudadanía en general, pues la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ya envió al Congreso local la iniciativa de la “Ley Franela” que busca sancionar a las “franeleras” y los “franeleros”.
Aunque la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE) solo tiene registradas al rededor de 488 personas que se dedican a cuidar o lavar coches en la vía pública, las cifras de detenciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) nos puede dar un panorama aún más apegado a la realidad:
En el lapso del 9 de septiembre del año 2023 al 16 de enero de 2025, 6 mil 631 personas fueron remitidas al juez cívico por ejercer este tipo de actividades a base de amenazas, extorsiones y violencia, contra los automovilistas y vecinos habitantes de las distintas alcaldías de la CDMX.
“No se trata de erradicar ni de criminalizar, se trata de dar alternativas y de que si de manera voluntaria una persona da una propina… pues es de manera voluntaria, no de que te obliguen (a darla)”, aclaró la jefa Brugada.
De lo que se trata es de reformar la Ley de Cultura Cívica, que tiene el objetivo de sancionar el uso indebido del espacio público que realizan personas que se dedican al cuidado de vehículos, conocidas como “franeleras” y “franeleros”, que irá acompañada por una política pública de atención y una campaña de concientización.
“En esta ciudad, el espacio público es un derecho, no es una mercancía ni debe ser un privilegio. No hay un espacio público más importante, más vital, más democrático y más cotidiano en su uso que las calles… Es por excelencia el lugar donde se expresa la igualdad ciudadana. Y cuando alguien se apropia de las calles, cuando alguien condiciona su uso para estacionar vehículos con amenazas o con cobros indebidos, lo que está haciendo es romper el principio básico de equidad en esta ciudad”, afirmó.
De aprobarse esta iniciativa de ley, se permitirá sancionar el uso ilegal de la vía pública, que además propicia otros delitos como amenazar, robar, golpear y condicionar pagos, de manera que la propuesta es elevar las sanciones a 36 horas de arresto inconmutable contra personas que exijan, coaccionen, intimiden de cualquier manera a otra persona para obtener un pago por vigilar vehículos.
El lema “El espacio público es de todas y todos” será parte de una campaña de concientización que acompañará a la iniciativa de ley, a través de la cual se explicará qué conductas están prohibidas, qué sanciones aplican, a fin de dar herramientas a la ciudadanía para que ejerza y defienda su derecho de manera pacífica a una ciudad ordenada, habitable y segura.
Brugada ofrecerá otras opciones laborales a franeleras y franeleros
Ahora bien, además de las sanciones, el Gobierno de Clara Brugada, a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE), dialogarán con personas y agrupaciones que practican dichas actividades con la finalidad de lograr concertación y ofrecer otras opciones laborales.
“Sí, aumento de sanciones, reformas, normas, afinar las leyes, pero por otro lado, tenemos que dar alternativas. No se trata de excluir, sino de incluir a todas las personas a un modelo de ciudad, donde vivir con dignidad no dependa de la ilegalidad. Nuestro objetivo es la construcción de territorios de paz e igualdad y atendiendo causas”, aseguró la mandataria.
¿Qué cambios incluye la iniciativa?
Durante su intervención, la consejera Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, expuso la iniciativa que contempla modificaciones a varios artículos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
Dijo que en el artículo tercero, fracción 29, se conceptualiza que la vía pública es el espacio de uso común para el tránsito de personas y vehículos, así como la prestación de servicios públicos e instalación de este tipo de infraestructura o mobiliario que afecte el tránsito en la lógica vehicular particular.
En el artículo 28 bis se especifica la seguridad ciudadana. La fracción primera establece una infracción sobre apartar con cualquier objeto un estacionamiento en vía pública. La segunda fracción se refiere a obstaculizar o impedir el uso del espacio público para estacionarse. La tercera fracción se refiere a exigir, coaccionar o intimidar de cualquier manera a una persona para obtener un pago por vigilar, cuidar y lavar vehículos.
La funcionaria indicó que en el artículo 31 se establece la infracción de tipo F y en este caso la persona juzgadora hará la evaluación del tipo de afectación; donde “franeleros”, “franeleras” o el “viene viene” coaccione, intimide o presione para cobrar una cuota por el uso del espacio para estacionamiento, tendrá una sanción de 36 horas de arresto y no habrá posibilidad de sustituir dicha medida por otra como el pago de una multa o trabajo comunitario.
La infracción, refirió, tiene un arresto inconmutable por la afectación que se da y que se vincula a cuatro artículos del Código Penal, que sería el 148, que tiene que ver con la extorsión; el 209, con amenazas; el 224, con robo y robo de autopartes, y el 130, con lesiones.
El último transitorio de la Ley establece que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las Secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo y de Desarrollo Económico, pondrán a disposición de las personas infractoras programas de empleo y apoyos a proyectos productivos a fin de atender las causas y promover mecanismos del orden de giro social y apoyo comunitario.
Finalmente, señaló que la Ley establece que de manera oficiosa los policías, aunque no haya ninguna queja formal, sino de flagrancia, intervendrán para garantizar la vida en paz y que no haya afectaciones ni agresiones, garantizando la movilidad.
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