Donald Trump anunció este viernes a través de Truth Social que logró “el mayor acuerdo petrolero de la historia”: EEUU obtendrá el control mayoritario sobre 17 yacimientos venezolanos con reservas probadas de 65 mil millones de barriles, equivalentes al 21.5 por ciento de todas las reservas de Venezuela — el país con las mayores del mundo. El pacto, firmado con la gobernante interina Delcy Rodríguez sin consulta pública ni debate en la Asamblea Nacional, desató críticas desde todos los flancos: la oposición venezolana lo llama inconstitucional, el ala dura del chavismo lo llama nuevo colonialismo, y los propios republicanos cuestionan con quién se firmó.
Qué incluye el acuerdo y qué números son polémicos
El contrato tiene vigencia de 25 años y fija como meta una producción superior a 1.5 millones de barriles diarios en los 17 campos estratégicos. Delcy Rodríguez prometió que Venezuela recibirá 209 mil 335 millones en ingresos para el Estado, a razón de $19 por barril —calculando el crudo a $65—, más un piso de regalías de 16 por ciento y un impuesto sobre la renta de 34 por ciento.
Pero los números iniciales que circularon el viernes pintaron otra cosa. El economista Francisco Rodríguez calculó que, dividiendo los $209,000 millones entre los 65,000 millones de barriles, Venezuela estaría recibiendo apenas $3.22 por barril — menos de la mitad de las regalías que se cobraban durante la dictadura de Juan Vicente Gómez hace un siglo, cuando el petróleo venezolano estaba en manos de petroleras extranjeras. Rodríguez tuvo que salir el sábado por la noche a aclarar los términos y a ofrecer la cifra de los $19 por barril. Según el académico Luis Pacheco del Instituto Baker de la Universidad de Rice, ese porcentaje —cerca del 29% del precio de referencia— se ubica en el rango más bajo de acuerdos similares a nivel mundial.
La inversión comprometida asciende a $100,000 millones en ocho años, la misma cifra que los expertos estiman necesaria para que Venezuela recupere los 3 millones de barriles diarios que producía en 1998, antes del chavismo. Para EE.UU., el acuerdo equivale a más que duplicar sus propias reservas probadas: las venezolanas bajo control americano representarían el 141% de las reservas domésticas estadounidenses, que cerraron 2024 en 46,000 millones de barriles, según la Administración de Información Energética.
Por qué la oposición, el chavismo duro y los republicanos lo atacan por igual
El economista Ricardo Haussmann, profesor de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard y opositor al gobierno venezolano, fue directo en un mensaje a Marco Rubio: “Usted decidió utilizar el poder de Estados Unidos no para liberar a los venezolanos, sino para aliarse con nuestros opresores”. En el otro extremo, Rafael Ramírez —expresidente de PDVSA durante el gobierno de Hugo Chávez— lo catalogó como un acto “entreguista” y de “nuevo colonialismo”.
Desde el Congreso estadounidense, la republicana María Elvira Salazar respaldó el acuerdo pero cuestionó la contraparte: “Delcy Rodríguez y los restos del régimen de Maduro no pueden ser el futuro de Venezuela”. El analista Geoff Ramsey del Atlantic Council y el dilema de la transición venezolana advirtió que cuanto más invierta EE.UU. en el statu quo, menos incentivos tendrá para impulsar un cambio político real.
El fondo del problema: Rodríguez es una gobernante no electa que firmó un contrato de 25 años sobre el recurso más estratégico de Venezuela, sin transparencia, sin debate parlamentario y sin que los venezolanos supieran nada hasta el anuncio en Truth Social. Para el analista Imdat Oner de la Florida International University, esa falta de legitimidad abre la puerta a que el acuerdo sea cuestionado o renegociado en el futuro. Y la pregunta que nadie ha respondido todavía es quién administrará los recursos generados — y si serán los mismos que dilapidaron la bonanza petrolera de la era Chávez.
