En un escándalo que no ha causado mucho ruido, pero que preocupa a los encargados de velar por los derechos civiles de los mexicanos como la privacidad en sus conversaciones, en los últimos días una investigación reveló como el gobierno de México espiaba a las organizaciones civiles y activistas a las que llamaba “aliadas”.El instituto Citizen Lab de la Universidad de Toronto divulgó en febrero, una investigación que documentó el espionaje electrónico por parte del gobierno mexicano en contra de activistas y promotores del impuesto a las bebidas azucaradas.A partir de esa revelación comenzaron a surgir más evidencias que apuntan a la existencia de un aparato de vigilancia contra ciudadanos utilizando herramientas tecnológicas de uso exclusivo del gobierno mexicano.
La historia comienza hace poco más de cinco años, cuando se conformó la Alianza por el Gobierno Abierto ,que hoy opera en 75 países y de la cual México fue fundador. La alianza es una iniciativa que busca la colaboración entre actores de la sociedad civil y gobiernos para resolver diversas problemáticas sociales de carácter público a través de tecnologías, así como combatir la corrupción y aumentar los niveles de transparencia.Sin embargo el diálogo entre as asociaciones y activistas con el gobierno de México se terminó repentinamente ya que, de acuerdo con la investigación de The Citizen Lab, algunos activistas participantes de alianza fueron espiados a través de un malware de nombre Pegasus, instalado en sus teléfonos celulares, el cuál habría sido adquirido por el gobierno mexicano a través de la empresa NSO Group de origen israelí, cuyos protocolos, según remarca una nota del The New York Times, son “elevados” a la hora de elegir a sus clientes.NSO Group y otras empresas que venden spyware operan en un mercado en buena medida sin regulaciones claras y efectivas. Los fabricantes de programas espía como NSO Group en Israel, Hacking Team en Italia y Gamma Group en Inglaterra insisten que solo venden herramientas a gobiernos para investigaciones criminales y de terrorismo.Lo cierto es que cada agencia gubernamental decide a quién van a hackear con las herramientas, que pueden rastrear cada llamada, mensaje de texto, correo electrónico, ubicación, sonido, imagen y hasta las teclas pulsadas en un celular.
A través de un comunicado, asociaciones manifestaron su preocupación por que “los pocos avances logrados para construir espacios de participación se vean vulnerados”.
Por ello urgieron una respuesta del gobierno en torno al espionaje de quienes trabajaban en los compromisos del plan de acción. Además de respeto al trabajo de defensores de derechos humanos; condiciones de seguridad para una participación libre de la sociedad civil; así como restablecer las condiciones de seguridad para que la sociedad civil pueda regresar a las mesas de diálogo.Sólo queda esperar que es lo que tiene que decir el gobierno mexicano, ya que el descubrimiento de los programas espías en los teléfonos de los impulsores de política nutricional en México, e incluso de funcionarios gubernamentales, desata preguntas sobre si se está usando esas tecnologías para proteger los intereses comerciales de la industria refresquera.México es el mercado que más Coca-Cola consume per cápita, por lo que acciones para limitar su consumo representan una amenaza contra la industria refresquera.***
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