La noche del 4 de junio, cuando los mexicanos tenían la mirada puesta en los números que arrojaban a cuentagotas los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para conocer los resultados de la jornada electoral, se dio a conocer la noticia: Roberto Borge fue detenido en Panamá.

Mientras los medios y las redes sociales veían atónitos cómo el Partido Revolucionario Institucional celebraba el triunfo en dos gubernaturas en las que nunca ha dejado el poder (Coahuila y el Estado de México), uno de los representantes del llamado “nuevo PRI” era detenido cuando pretendía volar a París, Francia, para después dirigirse a Madrid, España, y continuar con su huída para no enfrentar los cargos que tiene en contra por las gestiones irregulares que realizó mientras fue gobernador del sureño estado de Quintana Roo.

*Foto: Publimetro.

El sábado 3 de junio, el diario Reforma dio a conocer que un juez había liberado una orden de aprehensión en contra de Roberto Borge y otras cuatro personas; los delitos que se les imputan son los de comprar terrenos que eran propiedad del estado de Quintana Roo a precios muy por debajo del valor comercial real, haciendo uso de un prestanombres.

También están acusados de comprar una empresa de embarcaciones turísticas en la Riviera Maya. Según la información divulgada por Reforma, las transacciones fueron hechas gracias a una red de lavado de dinero que Borge operaba.

Las personas que también tienen una orden de aprehensión en su contra son Claudia Romanillos Villanueva, quien se desempeñaba como directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE); la excoordinadora jurídica del IPAE, Soraya Guadalupe Herrera; María de Lourdes Pinelo Nieto, quien fue secretaria particular del padre de Roberto Borge, y Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge.

Los beneficiados por las ventas de los inmuebles propiedad del estado fueron los familiares de “Beto” Borge y amistades cercanas; según la información de las investigaciones, el precio de venta de esas propiedades fue de aproximadamente el 6 por ciento de su valor real. La mayoría de los inmuebles “rematados” por el IPAE se encuentran en las turísticas ciudades de Cancún, Cozumel, Tulum y Playa del Carmen.

*Foto: El Imparcial de Tabasco.

La ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizaron una investigación para revelar cómo operó la red de Borge con la cual logró rematar las propiedades del estado; el exgobernador de Quintana Roo realizaba juicios laborales falsos, apoyado por los exfuncionarios de gobierno que eran parte del gabinete estatal, para poder adueñarse de las propiedades de empresas y particulares.

Beto Borge también usaba este tipo de juicios para congelar las cuentas bancarias de los empresarios y así dejarlos sin recursos disponibles para hacer una defensa legal. Una vez que lograba ganar los juicios y se apoderaba de los bienes e inmuebles, los vendía a precios más bajos que su valor real.

Para poder hacer estos actos, el exgobernador de Quintana Roo tuvo el apoyo de varios funcionarios públicos del estado, como Patricio de la Peña, exsecretario del Trabajo estatal; Enrique de la Cruz Pineda, quien ostentaba el puesto de subsecretario del Trabajo en la zona norte de Quintana Roo; el presidente de la Junta Especial Número dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila, y Carlos Lima, quien fue director del Registro Público y del Comercio durante la administración de Roberto Borge.

Otra acusación que cae sobre Borge es que durante su gestión, de abril del 2011 a septiembre del 2016, elevó deuda de su estado por más de 22 mil millones de pesos, dinero del cual no hay registros claros que definan el destino de esos recursos.

Durante ese lapso, el estado de Quintana Roo sufrió los trabajos de desmonte en la zona de manglares del Malecón de Tajamar con la intención de vender los terrenos para construir un centro comercial; gracias al trabajo de activistas ambientales y a la presión nacional e internacional, la obra nunca se llevó a cabo, pero el daño hecho a la zona natural resultó ser irreversible.

La investigación en contra de Beto Borge comenzó en septiembre del 2016, antes de que terminara su gestión, cuando el Servicio de Administración Tributaria comenzó a indagar el manejo de las finanzas en Quintana Roo. A finales de febrero del 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) también comenzó con una investigación en su contra por lavado de dinero.

Roberto Borge es descendiente de una familia con antecedentes políticos; su tío, Miguel Borge Marín fue gobernador de Quintana Roo a finales de los años 80; antes de que Beto Borge ganara la elección para gobernador, se desempeñó como diputado federal, representando al Distrito I de su estado; su cargo en la Cámara de Diputados comenzó en 2009; ahí se desempeñó como secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta el 2011, cuando solicitó licencia para iniciar su campaña.

Los ciudadanos de Quintana Roo le otorgaron su voto, confiando en que ese “nuevo PRI” que abanderó Enrique Peña Nieto de verdad era diferente, que habían aprendido de sus errores y estaban listos para volver a gobernar, sin imaginar que durante su gestión, el estado sureño sería saqueado y rematado para beneficiar a unos cuantos, que pertenecen al círculo más cercano de Roberto Borge. 

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