Durante la sesión plenaria en el Parlament de Cataluña de esta tarde, el presidente del Govern, Carles Puigdemont, anunció que con base en los resultados del referéndum del 1-O y tomando en cuenta todas las opiniones a favor y en contra de la separación de España, Cataluña ganó el derecho a ser un país independiente basados en una mayoría absoluta.
«Se convocará una sesión para declarar de manera formal la independencia del territorio Catalán de España. Asumo el mandato del pueblo para que Cataluña sea un Estado independiente», dijo Puigdemont al finalizar su discurso.
Tras la inminente declaración de independencia de Cataluña, el presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, dio un ultimátum y aseguró que no tendrá ningún tipo de efecto. A pesar de esa amenazante pretensión del Estado español, los independentistas apoyan sus planes de separarse de España bajo la ley de ruptura apoyada en la ley de transitoriedad.
En caso de declarar oficialmente la separación de Cataluña de España, entrará en vigor la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la nueva República que aprobó el Parlament, y que fue refutada por el Tribunal Constitucional en Madrid.
Este plan de transitoriedad jurídica es un proyecto temporal y provisional que tendría vigencia de un año hasta que se redacte la constitución definitiva de la República catalana. «Mientras no sea aprobada la Constitución de la nueva República, la ley de transitoriedad será la norma suprema en el ordenamiento jurídico catalán», resalta la redacción del documento.
Principales estatutos de la Ley de Transitoriedad Jurídica Catalana
-El artículo 1º indica que Cataluña será una república de derecho, democrática y social basada en los principios del derecho internacional y tratados vigentes. El poder ejecutivo de la nueva República recaerá bajo el voto popular en el que el presidente de la Generalitat dirigirá la acción de gobierno y la más alta representación del Estado catalán.
-En cuanto al tema de nacionalidad, los catalanes que tengan nacionalidad española serán empadronados y registrados por los órganos electorales pertinentes.
-Todas las normas locales seguirán vigentes al día de hoy en todo el territorio catalán y se aplicarán tal y como la ley lo presente, las modificaciones serán oficiales hasta tener la Constitución finiquitada en el lapso de un año.
-El poder judicial recaerá en el Tribunal Supremo Catalán, donde su presidente será nombrado por el presidente de la Generalitat, a su vez los jueces y magistrados que tengan tres años en su plaza, mantendrán el cargo.
-Las características del proceso constituyente se resumen en el desarrollo participativo presidido por la asamblea ciudadana, así como las elecciones constituyentes que saldrán del Parlament y redactará todos y cada uno de los artículos de la nueva Constitución.
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