Este miércoles, el mandatario de Puerto Rico, Ricardo Roselló, declaró a su nación en quiebra, pues ya no cuentan con los recursos suficientes para pagar la deuda multimillonaria que tiene, por un monto de 70 mil millones de dólares. Este proceso de bancarrota significaría el más grande en la historia del mercado de deuda local de Estados Unidos, del que es Estado Libre Asociado.
Ahora, pedirá a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que se apegue a la ley de quiebras para intentar hallar una solución que no los arrastre hacia la austeridad abismal. Los expertos aseguran que lograr reestructurar la deuda será una labor ardua, pues cuando se declaró en quiebra en el 2013 ya debía 18 mil millones de dólares.
De acuerdo con El Economista América, la petición a la JSF se ampara el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) y es la respuesta a una negociación fallida entre el Gobierno de Puerto Rico y sus deudores.
El tercer título representa el cese de todas las demandas judiciales (que puedan hacer los acreedores), así como la presentación de reclamaciones y “objeciones·” del gobierno, deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.
Rosselló aseguró durante una conferencia de prensa que la medida viene tras “amplias conversaciones de buena fe” y la una apertura de los libros financieros a los acreedores no ha tenido “progreso suficiente en las negociaciones”, por lo que una reestructuración se hizo imperativa.
De acuerdo con la BBC, el proceso que recién activaron es “similar” a las normas de protección por bancarrota que se aplican en EUA. Sin embargo, la nación del norte no puede proteger a la isla por su condición de Estado Libre.
La Ley Promesa fue aprobada el año pasado en el Congreso estadounidense, luego de que su aliado se declarara sin los recursos ni capacidades suficientes para saldar la deuda multimillonaria y en medio de amenazas incesantes de los acreedores con juicios que se prolongarían durante muchos años.
Por su parte, la agencia de calificación de riesgos Moody’s define la decisión como “positiva” para los acreedores, ya que el proceso de los tribunales sería ordenado, en vez de obligar a los ciudadanos a pasar por tiempos “caóticos e inciertos”.
Hasta ahora, Puerto Rico sobrevive en medio de una crisis económica ardua: tasas de pobreza altísimas, que incluyen al 45 por ciento de la población y niveles de desempleo que “doblan la media de EUA”, explica la BBC. Por si fuera poco, sufren de una disminución constante de la población por la emigración incesante de los boricuas hasta territorio estadounidense, pues también tienen esa ciudadanía.
El pasado lunes, los medios locales dieron cuenta de los bloqueos y manifestaciones en algunas de las principales avenidas de San Juan, la capital, una respuesta al hartazgo por la crisis y las medidas de austeridad que deben enfrentar. Las banderas de la nación fueron pintadas de negro y pisoteadas. Están de luto.
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