Un juez condenó al mayor número de agentes represivos de la dictadura militar chilena en un mismo caso: 106 exmilitares fueron sentenciados apenas que van de 20 años a 541 días de prisión por el secuestro y desaparición de 16 izquierdistas en el marco de la llamada Operación Colombo, informó el viernes el Poder Judicial.

La Operación Colombo fue un apéndice del Plan Cóndor ejecutado por las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia que consistía en el intercambio de información y prisioneros.

Los 16 izquierdistas integran una lista de 119 personas cuyos nombres aparecieron publicados el 25 de junio de 1975 en la revista Novo O´Dia de Brasil y el 15 de julio del mismo año en el semanario Lea de Argentina como parte de un montaje para hacer creer que los chilenos habían fallecido en enfrentamientos con agentes argentinos o por rencillas internas.

Las investigaciones judiciales demostraron que ninguno de los 119 abandonó Chile y que fueron secuestrados en diversos operativos de la Dirección Nacional de Inteligencia, la temida DINA, responsable de las peores violaciones a los derechos humanos en Chile tras el golpe militar de septiembre de 1973.

El juez Hernán Crisosto sostuvo en su fallo que “la Operación Colombo, posiblemente, es uno de los más graves y emblemáticos operativos represivos y con mayor compromiso institucional y estatal. Lo que vino después también es historia conocida y repetida: una persistente conducta de ocultamiento del compromiso estatal con estos alevosos crímenes”.

Crisosto condenó a 72 ex agentes a diferentes penas como autores de los secuestros y posterior desaparición de los izquierdistas y por complicidad fueron sentenciados 34 represores. En la lista de los autores figura una mujer, Sylvia Oyarce Pinto, quien deberá cumplir su pena en un lugar aislado de la cárcel de mujeres si la decisión es ratificada por las altas cortes.

La anterior mayor condena pertenece al mismo magistrado, quien en marzo de 2015 sentenció a 79 exagentes represivos por la desaparición de otro grupo de izquierdistas que aparecieron en la listado de los 119.

En tanto, el juez suspendió a tres exagentes de su deber de cumplir la condena por su deteriorado estado de salud física y mental y dispuso que sean entregados a sus familiares.
El magistrado fundamentó esta decisión en un artículo del Código de Procesamiento Penal utilizado en abril por otro juez para liberar a uno de los torturadores y asesinos del general de la fuerza aérea Alberto Bachelet, padre de la actual presidenta Michelle Bachelet.

Activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas del régimen de facto de Augusto Pinochet (1973-1990) temen que los parientes de los poco más de 120 criminales de lesa humanidad que actualmente cumplen condena apelen al mismo artículo, que también considera la edad de los encarcelados.

La sentencia es de primera instancia, por lo que puede ser apelada ante la Corte de Apelaciones por los condenados, varios decenas de ellos ya cumplen otra condenas por violaciones a los derechos humanos en un penal especial para criminales de lesa humanidad, cuyas condiciones son muy cómodas en comparación a los penales de los delincuentes comunes.

Por: Eva Vergara.

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