GIEI se va, hace una importante petición al Gobierno Mexicano

Tras señalar poca cooperación institucional por parte del actual Gobierno Mexicano, expertos del GIEI anuncian su retiro definitivo del caso Ayotzinapa pero antes dan una importante recomendación.

GIEI se va, antes da importante recomendación al Gobierno Mexicano. Foto: REUTERS/Raquel Cunha.

GIEI se va, antes da importante recomendación al Gobierno Mexicano. Foto: REUTERS/Raquel Cunha.

Después de señalar condiciones poco favorables para el desarrollo de su investigación del caso Ayotzinapa, referentes a bloqueos y limitaciones, el Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (GIEI) pidió por medio de un mensaje al Gobierno Mexicano el que haga publica la información que se ha mantenido oculta hasta el momento.

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Solicitando ademas el que los delitos sean clasificados como desaparición forzada y que se ejerzan la acciones pertinentes contra quienes resulten implicados.

Fue por medio de un mensaje titulado Hoy es Todavía, publicado durante su ultimo día en nuestro país, como los expertos Angela Buitrago y Carlos Beristain comunicaron desde los sucesos que rodearon su llegada a México en marzo de 2015, hasta los motivos que han impulsado su salida de la investigación al día de hoy.

GIEI señala una investigación libre de sesgos

Los expertos señalaron que durante su permanencia en el país han mantenido la investigación libre tanto de valoraciones políticas como de opiniones personales. Al mismo tiempo que han sido enfáticos al recalcar que ninguna discusión de índole política ha interferido tampoco en su autonomía.

(…) ha proporcionado análisis en base a las pruebas encontradas, como incluye el mandato de asistencia técnica internacional. También ha trabajado para proporcionar confianza en la investigación y en las instituciones, una confianza que ha estado tan deteriorada en el país durante décadas.

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Poca correspondencia institucional

Remarcando su periodo de siete años en la investigación, el GIEI dirige la vista hacia la poca correspondencia y la respuesta negativa por parte de las instituciones involucradas para cooperar, no obstante las pruebas con las cuales se cuentan.

Sin embargo, la documentación entregada, a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes.

De igual forma, los expertos precisaron que dichos problemas sucedieron a pesar de la inicial apertura manifestada por el gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de darles acceso a los expedientes:

Tras la petición del GIE respaldada por los familiares para acceder a informaciones hasta entonces negadas, el presidente de México ordenó abrir los archivos y proporcionar acceso a pruebas documentales del ejército (SEDENA), la Marina ISEMAR) y los servicios de inteligencia (CISEN), lo que ayudó a tener nuevos hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y a recabar informaciones existentes sobre el posible destino de los jóvenes. Dichas acciones se hicieron de forma conjunta entre el GIEI y la COVAL.

Pese a dicha apertura, los obstáculos en su investigación comenzaron a manifestarse luego de determinados hallazgos, generando dificultades tanto para judicializar como para aplicar acciones legales en contra de los posibles perpetradores:

El caso y los propios fiscales de la Unidad Especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad.

Avances insuficientes y la petición al Gobierno Mexicano

Si bien en su informe se hace mención de ciertos logros como la detención del ex-procurador Jesús Murillo Karam, de dos generales y 20 miembros del ejército, así como de más de cien detenidos vinculados con el crimen organizado y fuerzas de seguridad, los expertos apuntan que una de sus preocupaciones principales es que las acusaciones que pesan en dichos casos han sido por delincuencia organizada y no por desaparición forzada.

Además de mencionar que, con el fin de esclarecer verdaderamente el caso, la investigación fiscal debería llevar a nuevas informaciones y no quedarse únicamente en las detenciones.

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