Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Cuernavaca, fue asesinado la tarde de este miércoles durante un ataque armado en la colonia Ejidos de Acapantzingo, en Morelos. Hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra el vehículo en el que viajaba el funcionario, al exterior de un establecimiento comercial. El hecho ocurre horas después de que Rivas Ríos participara en una protesta contra un desarrollo inmobiliario en la capital morelense y de que ya hubiera denunciado amenazas en su contra. La Fiscalía General del Estado de Morelos activó a la Agencia de Investigación Criminal y a Servicios Periciales para iniciar las investigaciones.
Quién era Gabriel Rivas Ríos y qué pasó en Acapantzingo
Rivas Ríos era regidor en funciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, militante de Morena, y hasta horas antes de su muerte había estado activo políticamente. Ese mismo miércoles participó en una manifestación en contra de un desarrollo inmobiliario en la ciudad, aunque las autoridades todavía no han confirmado si ese activismo tiene relación directa con el ataque. Lo que sí es un hecho: el funcionario había denunciado amenazas previamente, un antecedente que la Fiscalía General de Morelos deberá incorporar a la línea de investigación.
El ataque ocurrió en la zona de violencia política en México, una colonia al sur de Cuernavaca. Los agresores llegaron en motocicleta, dispararon contra el vehículo del regidor y huyeron. Hasta el cierre de esta nota, no hay detenidos ni móvil confirmado.
Gobernadora confirma la muerte y pide coordinación
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el deceso de Rivas Ríos y llamó a las instituciones del estado a coordinarse para esclarecer el crimen. Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales se trasladó al lugar para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias correspondientes.
El asesinato de un regidor en funciones —con antecedentes de amenazas y activismo reciente— pone otra vez sobre la mesa la pregunta que el sistema político mexicano no ha podido responder: qué tan protegidos están los funcionarios de base que se meten con intereses concretos, sean inmobiliarios, criminales o de cualquier otro tipo. La investigación sigue abierta.