Tal como lo estableció la Ley de Movilidad, en la CDMX cualquier persona que quiera marchar por las calles de la ciudad debe solicitar un permiso y avisar con una anticipación de 48 horas.
A pesar de la acción de inconstitucionalidad que promovieron organizaciones civiles y las comisiones de Derechos Humanos tanto nacional como del DF contra esta Ley, los tres poderes aseguran que es una medida “legal”.
Al margen de la Ley, líderes políticos como el jefe de gobierno de la CDMX, Miguel ángel Mancera, acumulan una lista de actos represivos y esta medida es un pretexto legalizado más para que puedan seguir frenando, “regulando” y diluyendo manifestaciones.
Por citar un ejemplo, el 9 de agosto, una manifestación de campesinos del Estado de México en Reforma fue frenada y encapsulada por granaderos.
PERMISO PARA MARCHAR
La resolución de la acción inconstitucional mencionada va en contra de tres artículos de la Ley de Movilidad: El 212 exige a los deseosos de marchar pedir permiso y dar aviso a la autoridad con dos días de anticipación.
Es aquí cuando las Comisiones de Derechos Humanos inician su defensa, pues consideran que los manifestantes no deberían quedar condicionados a un permiso para poder salir a las calles a pedir lo que les parezca necesario si ya tienen el legítimo derecho de protestar libremente.
En el artículo 213 se establece que cualquier tipo de marcha o manifestación que se realice en la ciudad no deberá ocupar vías primarias de tránsito continuo por ningún motivo. Los legisladores todavía no se ponen de acuerdo en qué espacios se van a considerar como “vías primarias”.
LIBERACIíN DE PROTESTAS
El artículo 214 le otorga facultades “discrecionales” a la Secretaría de Seguridad Pública para liberar una vía que permanezca ocupada. Es esta “liberación” la que tanto preocupa a los defensores de Derechos Humanos, pues no se limitan ni se establecen las formas en las cuales se podrá desalojar a los manifestantes.
Esto le da enormes libertades a los policías que literalmente podrán definir y elegir “a discreción” cómo proceder y qué medidas tomar para limpiar las vialidades ocupadas. Tras esta medida surge la pregunta: cómo y quién evitará el abuso de autoridad si se les ha dado el poder de decidir sobre la licitud de las marchas.
INCONSTITUCIONALIDAD
Para algunos es claro que se viola el derecho a la libre expresión, pero según lo informado en “Animal Político”, el proyecto de resolución a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena declara que las disposiciones sobre las manifestaciones públicas que están en la Ley “no limitan derechos y sí son válidas”.
Por el contrario, el ministro Arturo Zaldívar Lelo desprestigia el proyecto, califica la petición como “permiso disfrazado” y asegura que no hay manera de hacer compatible con la Constitución el texto de la ley ya que es claro.
EL CADENERO MANCERA
A diferencia de la manifestación que diluyó Mancera este 9 de agosto, el día anterior la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) armó su mitin y recibió el apoyo del Jefe de Gobierno, pues había sido invitado personalmente por las organizaciones “amigas”.
Si se trata de amistades no importa si impiden el tránsito vehicular en el corredor Reforma-Centro Histórico. Para muchos otros medios, Mancera declaró que dicha concentración era de carácter nacional y que era algo “bueno” que tuvieran una válvula para poder escuchar y atender sus peticiones.
Ante la insistencia, le pareció importante “estar con ellos y darles un mensaje”, pero cuando se trata de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) , entonces se les desaloja con violencia de Bucareli y la Plaza de Santo Domingo y se les encapsula con granaderos al por mayor.
Ahora Mancera parece fungir el papel de cadenero del Zócalo y de otros espacios públicos, decidiendo quiénes ingresan y quiénes no son lo suficientemente cercanos como para pasar.
Al respecto, te dejamos con la sugerencia de Rafael Moreno Valle respecto a este tipo de políticas: “Hay que usar dos manos, una para la zanahoria y otra para el garrote”.
*Fuente: Animal Político y agencias.
