Hace dos años, en enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, la cual reconoce a las víctimas u ofendidos de delitos y violaciones a Derechos Humanos y les otorga el derecho a recibir protección para garantizar su integridad física y psicológica, así como a la reparación integral del daño.
Ahora, después de 40 mil muertos, 45 mil quejas por posibles violaciones a los Derechos Humanos (2014) y con únicamente 120 personas con alguna compensación económica por los daños, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que este sistema será revisado, pues dijo que se han registrado diversas inconsistencias que han hecho inoperable el modelo vigente; el cual ya se reformó en una ocasión.
LAS FALLAS
De acuerdo con Jaime Rochín, Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el problema al que se enfrentan los afectados no es el pago de la indemnización, sino, en una primera instancia, a poder reembolsarles los gastos que ya realizaron a las víctimas “indirectas” como lo son los familiares de los perjudicados, ya que estos son los que pagan la atención médica, los gastos funerarios o las cuotas por traslados para levantar las denuncias necesarias.
El funcionario recalcó que, en este primer nivel, el problema radica en que a las víctimas se les exige presentar facturas fiscales de los gastos realizados y es raro que cuenten con estos documentos.
Aunado a esto, Jaime Rochín, señaló que otro de los problemas a los que se enfrentan es que son muy pocas las víctimas que conocen de la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y que ésta sólo atienda delitos del fuero federal. “Lo que se necesita es que cada entidad federativa cuente con un registro y que sean capaces de resolver estos problemas de manera independiente; además, cada Comisión debería estar autorizada para procesar delitos del fuero común”, admitió Rochín.
Actualmente el número de casos que lleva la Comisión, de acuerdo con el Registro Federal de Víctimas, es de aproximadamente 10 mil personas, un número extremadamente bajo si vemos la cantidad de homicidios dolosos y de violaciones a los Derechos Humanos que se registran en el país año con año.
FONDOS QUE TIENEN PERO NO PUEDEN USAR
“Nochixtlán fue la prueba de oro para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la reprobó”, dijo el Presidente de dicha Comisión, Jaime Rochín.
La ley está escrita de manera hermosa y trata todos los puntos necesarios que se deben atender a la hora de compensar a las víctimas; sin embargo, a la hora de querer aplicarla las cosas se tornan muy complejas, señaló la CNDH.
Rochín comentó en entrevista para W Radio que la comisión cuenta con un presupuesto anual de 500 millones de pesos. El problema es que la ley General de Atención a Víctimas tiene tantos candados y trabas que es imposible acceder a ese fondo, señaló.
A causa de esto, la Comisión ha tenido que utilizar el presupuesto ordinario que reciben, el cual ya se agotó, para atender la problemática.
Son estos hechos los que han llevado a los integrantes de la misma Comisión a presentar ante el Senado una propuesta para acabar con la burocracia que impide la correcta atención a las víctimas.
Es sabido que la Ley no funciona, por lo tanto, ahora el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene ante sí la enorme responsabilidad de corregir dicha legislación y de poner a funcionar de manera adecuada a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
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*Fuentes: W Radio, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Animal Político
