Me arrodillo en el confesionario e intento recordar el momento preciso en el que perdí la sensatez y me dejé llevar por el calor de Playa Escondida, perdimos la conciencia, mejor dicho. El sacerdote está a punto de recibir mi confesión: más que una mujer que busca la expiación y liberación de toda culpa me siento como una criminal.

Es precisamente eso: he venido al templo para salvarme de esa criminalización de la que mis padres y tías católicas me han estado hablando. Y aunque durante los días que siguieron a la visita precoz que hice a los servicios de salud, sí consideré “suspender mi embarazo” (como lo ofrecen en muchas clínicas para la mujer de la capital del país), hoy el sólo hecho de pensarlo me hace sentir observada, señalada y denostada.

En realidad no vine a confesarme por mis pensamientos de aborto (de los que mis padres, claramente, no están enterados) sino por el sólo hecho de no esperar al matrimonio para procrear. En cuestión de segundos me levanto apresurada, presa de un ataque de pánico de esos que me asechan con frecuencia últimamente, y salgo corriendo a buscar al padre para decirle que se me han ocurrido tres nuevos nombres para nuestra criatura.

Nuestro gobernador, Javier Duarte, también piensa que si aborto soy una criminal, no considera que tenga derechos tan básicos como decidir qué hacer con mi cuerpo. Se ha cansado de afirmar que está defendiendo la vida “desde la concepción”.

Y a pesar de que las oficinas de la ONU en México sobre Igualdad y Derechos Humanos, el Fondo de Población de Naciones Unidas y diversas organizaciones en pro de los derechos de la mujer advirtieron que era una “regresión” que podría llegar a contribuir a una estigmatización de las mujeres que deseen acceder a servicios básicos de salud reproductiva y sexual, la Ley antiaborto fue promulgada en Veracruz.

Pero mis padres no pensaron lo mismo, formaron parte del contingente de miles de veracruzanos que salieron a las calles con carteles que rezaban “sí a la vida”. Bastaron únicamente dos jornadas de votación para que se aprobara la reforma al artículo 4 de la Constitución de Veracruz, propuesta por Duarte el 28 de julio.

Nuestra concepción de la palabra “derecho” es enteramente diferente: los 37 diputados que votaron a favor consideran que con la ley se resguarda el más fundamental de los derechos, que “es el de la vida”.

El documento que presentó el gobernador ni siquiera fue analizado debidamente en comisiones, pasó directamente al Congreso para su aprobación y en la introducción del mismo, según “Animal Político”, equipara a la pena de muerte con el aborto. ¿Es decir que me merecería la pena de muerte? Sigo sin comprenderlo: hoy que se promulga la reforma me siento más delincuente y menos mujer.

Recuerdo las palabras que Yadira Hidalgo, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, pronunció una vez anunciada la reforma: 

“Nos lleva a pensar muchas cosas, que los derechos humanos de las mujeres son monedas de cambio en ciertos momentos y eso banaliza una lucha fuerte de las mujeres por defender nuestros derechos”.

Si no fui violada no puedo exigir los mismos derechos, o al menos esa es la conclusión a la que me han hecho llegar, pues la reforma sólo incluye las cuatro causas que permiten abortar: violación, por inseminación artificial no consentida, espontáneo o por riesgo de muerte para la madre.

Debí aprovechar que pisé la iglesia para dar gracias por no ir a la cárcel, pues aunque aseguran que nadie irá a prisión por abortar, sí se lleva a cabo un proceso penal, un juicio y se aplica un tratamiento en libertad, con el que se encargan de convencer a las mujeres de lo mal que han obrado. De 2003 a 2015 se realizaron más de 500 investigaciones.

Pero los 143 ayuntamientos, la Asociación Estatal de Padres de Familia y la Iglesia Católica consideran que sus labores de exhortación promueven la construcción de una “mejor sociedad” además de contribuir a la “cultura de la vida”.

Sin embargo, no han considerado todas las consecuencias que su misiva traerá: se promoverá la violencia contra las mujeres y entre ellas mismas, el riesgo que implican los embarazos adolescentes, la mortalidad materna y sobretodo la proliferación de los abortos clandestinos en sitios insalubres, incapaces de garantizar el bienestar de la madre durante y después del proceso.

Incluso, mis tías las religiosas se han encargado de repetir lo que le escucharon decir a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz: “no se está violando la laicidad”. ¿Entonces no es una cuestión religiosa?

Lo único que sé con certeza es que la “Ley Antiaborto” o “Ley Sí a la Vida” fue promovida tanto por la Iglesia Católica como por todas las organizaciones conservadores que dedicaron sus días a recaudar firmas y presionar al Congreso para su aprobación inmediata.

Ahora me debato entre comprar dos boletos de camión para la capital o quedarme a vivir en casa de mis padres hasta que nos casemos. Pero el padre no quiere que me señalen como a una criminal y después de escuchar el segundo nombre solicita que me vaya a vivir con él.

*Fuente: La Jornada Veracruz, Animal Político, Diario de México.