En el estado de Oaxaca, en la región de San Martín Peras, un municipio todavía regido por el sistema de usos y costumbres internas, una indígena mixteca llamada Gabriela Maldonado, fue azotada en público hasta perder el conocimiento.
El agresor, quien fue identificado como el abuelo de la víctima y cuyo nombre no se reveló, ya fue detenido y llevado ante las autoridades locales, en donde el coordinador general de las defensorías regionales, Juan Rodríguez Ramos, precisó que ya se tomaron medidas para garantizar la protección de Gabriela Maldonado.
Rodríguez Ramos, junto con la Secretaría de Seguridad Pública, también indicaron que se está investigando al presidente municipal de San Martín Peras, Santiago Ramírez Cervantes y al síndico Sergio Rivera Flores por su presunta participación en los hechos cometidos el domingo pasado.
Sin embargo, la investigación de las autoridades para poder castigar a los culpables se ha tornado más compleja de lo pensado, pues resulta que existe más de una versión de los hechos.
De acuerdo con la intérprete Otilia Flores, quien forma parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Gabriela Maldonado fue víctima de la golpiza debido a sus aspiraciones políticas.
Junto con ella, Rosa Aguilar y Marina Díaz, otras mujeres miembros del mismo municipio, habían buscado desde 2016 formar parte de las elecciones locales con la intención de llegar a formar parte del cabildo de San Martín Peras.Pero los sueños de las tres mujeres se vieron derrumbados cuando las autoridades de su localidad enunciaron que en ese municipio los líderes no podían ser mujeres.
“En las asambleas comunitarias las autoridades son electas únicamente por los mayordomos y los agentes municipales y “aquí no se permiten faldas”, recordó Otilia Flores.
Ante la negativa por discriminación, las autoridades electorales les hicieron saber de esta violación y nombraron a otras mujeres distintas a las que se registraron para participar en el proceso, lo que llevó a Gabriela, a Rosa y a Marina a impugnar el proceso.
Desde entonces las agresiones contra ellas no han cesado e incluso han recibido amenazas de muerte.
Por su parte, las nuevas mujeres que fueron elegidas para tomar el puesto por las que las víctimas se encontraban peleando, comentaron que la agresión en contra de Gabriela Maldonado no fue por causas políticas sino personales.
De acuerdo con su versión, Gabriela llevaba una vida fuera de las costumbres que profesa su pueblo y su familia, además de que su abuelo “ya no la soportaba”.“Tiene más de un hijo y todos son de diferentes padres, no quería obedecer y por ese motivo su abuelo solicitó una intervención por parte de las autoridades locales”, comentaron las mujeres indígenas que tomaron su lugar en el cabildo.
Gabriela ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Estado con el objetivo de que las averiguaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, las amenazas continúan y las otras dos compañeras de Gabriela fueron amenazadas con ser encarceladas.
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