Hoy se cumplen dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Durante 24 meses, miles de personas han sido partícipes del caso. Periodistas, especialistas, el GIEI, comisiones de Derechos Humanos y la sociedad civil en general han apoyado en los procesos de investigación, han escrito informes y recomendaciones; y acompañan a los familiares en las labores de búsqueda.

El papel del gobierno (federal, estatal, municipal) y la PGR sigue bajo escrutinio por el rechazo que han tenido sus declaraciones y versiones “oficiales”, desmentidas social, científica y lógicamente.

Ni entre ellos se logran poner de acuerdo.

El entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, presentó la “verdad histórica” del caso ante los medios de comunicación el 27 de enero del 2015.

Aseguró que los 43 estudiantes habían sido asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos, incinerados en un basurero de Cocula y que sus restos habían sido arrojados “en fragmentos en su mayoría imposibles de identificar” en el río San Juan.

Supuestamente, su informe se basó en el hallazgo de los huesos de Alexander Mora, uno de los desaparecidos, casi 500 peritajes y 39 confesiones.

No obstante, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya participación e investigaciones se acordaron entre los familiares y el gobierno, fue descartando varios puntos de dicha verdad histórica.  El gobierno no renovó el contrato con esa agrupación.

A continuación, 10 grandes contradicciones del caso Ayotzinapa y que desmienten tanto dicha verdad histórica y las demás versiones oficiales que se han ido presentando a lo largo de dos años.

1. Tomás Zerón y el sembrado de pruebas

El GIEI aseguró en un informe que durante las investigaciones en las inmediaciones del río San Juan llevaron a cabo “severas irregularidades”. Un video muestra al entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, rondando en la ribera precisamente un día antes de que encontraran la bolsa con los restos de Alexander Mora. Este hallazgo sustentó la “verdad histórica”.

Este recorrido no fue registrado en el expediente oficial presentado por la PGR, por lo que Zerón fue acusado de sembrar las pruebas.

2. El estudio científico que descarta la incineración

José Torero, académico especialista en fuego de la Universidad de Queensland, Australia, encabezó una investigación (como parte de los trabajos del GIEI) que recabó pruebas que descartó la hipótesis que dio el Gobierno de la República.

Según su trabajo, publicado en el portal Science Magazine, se descarta la posibilidad de que hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. Para probarlo, ensayó con cuerpos de cerdos y encontró que al aire libre, la materia orgánica no puede desaparecer totalmente: incineró cuatro porcinos a la vez y concluyó que la hoguera necesaria para hacer cenizas 43 cuerpos no podría haber ardido en el basurero señalado.

3. Los autobuses donde viajaban

En su primer informe, el GIEI confirmó que los estudiantes viajaban en cinco y no sólo en cuatro camiones, como aseguró la PGR. Aseguraron que era necesario investigar sobre la posibilidad de que los estudiantes hubieran tomado una unidad cargada ilegalmente con droga.

El conductor del quinto camión se contradijo varias veces y el autobús que mostró la Fiscalía, no corresponde al que aparece en el video de las cámaras de seguridad de la central camionera en Iguala.

4. El estudiante desollado

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos , Julio César Mondragón murió torturado y no tras un disparo, además de afirmar que en realidad no había sido desollado, sino que roedores y perros le habían arrancado la piel.

Mondragón fue hallado sin vida el 27 de septiembre de 2014 tras el ataque que dejó a los 43 desaparecidos. El cuerpo del joven presentaba 64 fracturas en 40 huesos, algunas en el cráneo y cuello. El normalista fue perseguido y asesinado durante el ataque a los autobuses.

5. Policía de Huiztuco involucrada

Investigaciones corroboraron, a lo largo de estos dos años, que no sólo la Policía Federal, sino también el Ejército y la policía de Huiztuco estuvieron involucradas. Estas últimas fuerzas, a pesar de negarlo, efectivamente se trasladaron a Iguala la noche de la desaparición.

Tras un rastreo realizado a teléfonos celulares, la PGR corroboró la versión presentada en un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se asegura que en el día y lugar de los hechos, además de policías de las localidades de Iguala y Cocula, también estuvieron presentes uniformados de Huitzuco, dato que no había sido presentado en la “verdad histórica”.

6. Señales de celulares

El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) desveló que algunos teléfonos celulares de los jóvenes siguieron siendo utilizados durante días e incluso meses después del plagio, un tema sobre la PGR se había negado a investigar.

Más de uno de los familiares de los desaparecidos declaró ante las autoridades que el teléfono de su familiar seguía activo.

7. Declaraciones bajo tortura

Las declaraciones con las que se basó el Gobierno Federal para elaborar su versión tampoco pueden considerarse como válidas pues fueron obtenidas bajo tortura.

El GIEI confirmó que los propios declarantes aseguraron que sus pronunciamientos fueron obtenidos bajo tortura. En mayo de este año, la CIDH tuvo acceso a alrededor de cinco testimonios que lo confirman.

Patricio Reyes Landa, detenido un mes después de la desaparición de los 43, declaró en julio pasado que el transcurso del camino hacia el lugar donde lo llevaron las autoridades para relatar el crimen le dieron electricidad en los testículos y en todo el cuerpo.

8. Equipo nuevo para identificar fosas

Actualmente, la PGR se jacta de emplear tecnología rusa y alemana llamada Lidar para ubicar más fosas clandestinas donde pudieran estar los cuerpos de los normalistas.

Es una mezcla de localizadores GPS, unidades de medición inercial y sensor láser en la recolección de datos de altitud; lo que permite detectar áreas donde la tierra ha sido removida y que antes no podían observarse a primera vista.

Esta implementación sólo descarta que haya sólo un lugar donde puedan estar los normalistas desaparecidos (y también es una incongruencia que lo hagan más de un año después) como se aseguró en la versión oficial.

9. Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (AI) dijo en un comunicado que la tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del presidente Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México.

Según AI, no sólo fracasaron en impedir el ataque contra los estudiantes sino que tampoco previnieron esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada, las autoridades mexicanas han hecho todo lo posible para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen.

Estas declaraciones confirman que el Gobierno Federal y la PGR han temido solicitar ayuda internacional por temor a que hallen nuevas evidencias que descarten lo que hasta ahora han dicho sobre el caso.

10. Búsquedas independientes

Los padres de los normalistas han tenido que llevar a cabo búsquedas de manera independiente, omitiendo las mesas que ha propuesto el Gobierno Federal, pues sólo les quita tiempo valioso.

Supuestamente, el Estado debería garantizar y dar un seguimiento del caso. No obstante, los grupos independientes han hallado por ellos mismos muchas fosas clandestinas más, que si bien en ellas no se ubicaron a sus familiares, sí contenían cuerpos de los que nadie tenía conocimiento.

43 familias continúan en la búsqueda desesperada de sus seres queridos, quienes no estarán satisfechas hasta dar con su paradero y con los responsables:

“Queremos una verdad científica no nada más que nos digan puras mentiras, porque no sabemos nada; el dolor sigue ahí y no tenemos nada de respuesta ni sabemos qué paso con nuestros hijos, dónde están”.

*Con información de: Univisión, Proceso, Sin Embargo, La Jornada, Excélsior.