El 5 de junio del 2009 el estado de Sonora, ubicado en el norte de México, fue el escenario de un trágico incendio en la guardería ABC localizada en Hermosillo, la capital, el cual provocó la muerte de 49 niños.
Durante las investigaciones, las autoridades encontraron que el incendio inicio en un edificio contiguo en donde se guardaban documentos oficiales. Los dueños de esa construcción estaban ligados a funcionarios y familiares del expresidente Felipe Calderón y su esposa.
Siete años y medio después, las investigaciones continúan. Un juez federal ordenó en diciembre a la Procuraduría General de la República iniciar las pesquisas para imputar dentro de la carpeta de investigación al exgobernador del estado, Eduardo Bours, y al exfiscal Abel Murrieta.La orden del juez pide que la PGR considere a los exfuncionarios como probables responsables de los delitos cometidos contra la procuración de justicia, alterar y perturbar de manera ilícita el lugar de los hechos, es decir, la guardería ABC, y por obstaculizar la investigación.
La determinación del juez fue dada a conocer el martes en una conferencia de prensa por la asociación Manos Unidas por Nuestros Niños, integrada por los padres de los niños fallecidos.
Los padres mencionaron que desde el día del incidente se han dedicado a investigar de forma independiente qué fue lo que realmente ocurrió y poder dar con los responsables. También informaron que el dictamen fue emitido por un juez con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México el 23 de diciembre.En mayo del año pasado un juez federal dictó sentencia a las primeras 19 personas que fueron encontradas culpables de los delitos de homicidio culposo cometido en contra de 49 menores y lesiones en agravio de 38 niños y cinco adultos.Los declarados culpables ocupaban cargos administrativos menores en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Sonora, en la guardería ABC, en el ayuntamiento de Hermosillo, en el departamento de control vehicular y en la agencia fiscal de la Secretaría de Hacienda de la entidad.
Sus condenas rondan entre los 20 y 29 años de prisión, sin derecho a fianza.
Los condenados y los padres de las víctimas coinciden en que en la cadena de responsabilidad, la PGR, organismo gubernamental encargado de la investigación, debe incluir también a los altos funcionarios del estado que desempeñaban sus cargos en 2009.La determinación de incluir al exgobernador Eduardo Bours y al exfiscal Abel Murrieta en la averiguación previa del caso es apenas un primer paso que se haga justicia completa por la tragedia sonorense de la guardería ABC.
*
Podría interesarte:
Un incendio y 49 niños muertos; 7 años después la búsqueda de justicia continúa.
Estudian los huesos y revelan la historia de uno de los doctores nazis más despiadados.
Canadá protege la vida de sus adictos al instalar despachadores de jeringas.
